No es la primera vez que el díscolo concejal de Renovación Nacional (RN), Vicente Karelovic, compara a la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) con “un barril sin fondo” a la hora de recibir recursos por parte del municipio. Esta vez, el edil lo hizo en la sesión municipal del pasado lunes, un acalorado encuentro donde se debatió acerca de la modificación presupuestaria que buscó y permitió destinar otros $ 420 millones de pesos para los gastos de la Cormupa, esta vez para el pago de las imposiciones de los funcionarios y como aporte adicional.
Al voto en contra de Karelovic se sumó el de Roberto Sahr Domian. El concejal independiente se despachó una dura crítica sobre el funcionamiento de la Cormupa, su directorio y administración, dejando en claro que su negativa a seguir entregando dineros tiene que ver con sus insistentes pedidos de un informe de gestión. “Lo único que he recibido es un documento apócrifo, sin firma y sin un detalle de antecedentes. Es una falta de respeto”, señaló.
En contraparte, el alcalde Mimica (papeles en mano) expuso acerca de las necesidades que tiene la educación municipalizada, justificando la importancia de este nuevo aporte.
El tema de la asignación de los recursos ya había quedado prácticamente acordado el día anterior, en la reunión de la comisión de finanzas del mismo concejo. En la exposición, la mayoría de los ediles se mostraron poco convencidos acerca de la conveniencia de esta millonaria inyección, acordando que el tema sería llevado a votación durante la sesión del día siguiente.
Los acuerdos “de pasillos” y “exteriores”, además de las evaluaciones de los pros y contras, arrojaron el resultado de seis votos favor de entregar los $ 420 millones y los dos “no” ya conocidos.
Tanto Sahr como Karelovic aseguran que el ritmo que lleva la Cormupa es insostenible, que será “un fierro caliente” para la próxima administración, que seguirá siendo una “mochila” para las arcas municipales y que con seguridad en “la suma y la suma” los aportes del municipio este año superarán los $ 1.000 millones.
Observaciones de la Contraloría
Como una situación lamentable calificó el presidente de los centros de padres y apoderados de los establecimientos municipalizados de Punta Arenas, el que se siga “prestando ropa” a la Cormupa.
Milton Ojeda Morales reconoce que el tema es delicado porque “nadie quiere ver en una mala situación a la sostenedora de la educación de nuestros hijos”. No obstante, la realidad indica que la cosa no da para más, que el nivel de endeudamiento supera lo imaginable y que no se han tomado medidas reales que apunten a reducir el déficit que presenta la entidad. En eso, ha enfatizado Ojeda, tiene mucho que ver el actuar del directorio de la Cormupa, el cual -coincide con el concejal Sahr- no es más que un ente “de papel”.
Ojeda hace una retrospectiva de la gestión de la Cormupa, citando algunas de las 29 conclusiones del informe 2010 de la Contraloría General de la República.
El documento establece entre sus puntos: “En cuanto al capital de trabajo negativo y el déficit de disponibilidades, la Corporación deberá adoptar las acciones y medidas que permitan tener una capacidad financiera suficiente para cumplir sus obligaciones, además, deberá garantizar que tanto las subvenciones o aportes de fondos fiscales, deberán destinarse únicamente a la atención de los servicios cuya administración se le ha encomendado y que su actuación se desarrolle de acuerdo a las mejores prácticas administrativas”.
También se menciona que “respecto de las obligaciones con el Banco de Crédito e Inversiones, por el uso de la línea de sobregiros, la Corporación Municipal deberá dar cumplimiento a lo consignado en la jurisprudencia de este organismo de control, la cual establece que ninguna Corporación Municipal puede contratar empréstitos”.
Ojeda menciona también el punto que señala: “En relación a las multas e intereses generados por el pago extemporáneo de cotizaciones previsionales y consumos básicos, la Corporación deberá implementar las medidas tendientes a que dicha situación no se reitere y que los recursos se destinen únicamente a la atención de los servicios cuya administración se le ha recomendado”.
Además, se cita la alusión que se hace a los fondos de la Subvención Escolar Preferencial, respecto de lo cual se señala que “corresponde que la Corporación Municipal adopte las medidas tendientes a restituir los recursos utilizados a fines distintos a lo preceptuado en la Ley Nº20.284 y su reglamento” y se “determinen las responsabilidades que correspondan”.
Ojeda señala que éstas y una veintena más de observaciones han dejado en evidencia irregularidades y falencias que han sido parte de “un lamentable pasar de la Corporación” y que hoy tienen sumida a la entidad en una deuda histórica que se estima en más de $1.200 millones.