En la sesión de la Asociación Chilena de Municipalidades realizada ayer en Punta Arenas, también se informó que la entidad edilicia de la capital magallánica sube el promedio ragional de transparencia llegando a 80 por ciento. Intensas y productivas fueron las dos jornadas de la sesión del Comité Técnico Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, efectuada en Punta Arenas, en los salones del Hotel Casino Dreams, que finalizaron ayer y que contaron con la presencia de más de 100 personas, entre alcaldes, concejales y representantes de numerosas municipalidades del país.
Transparencia
Uno de los expositores invitados al comité técnico, fue Alejandro Ferreiro, presidente del Consejo para la Transparencia, quien expresó que “somos el organismo que hacemos cumplir la Ley de Transparencia. Hemos fiscalizado a los municipios y desafortunadamente en marzo, la evidencia del nivel de cumplimiento de los municipios de Chile, fue bastante bajo, sólo un 30% de exigencia según la ley, contra un 95% de los órganos a nivel central y servicios públicos, pero más que sancionar y acusar, nos interesa trabajar para corregirlo”.
En Magallanes, las municipalidades se encuentran bajo el 30% del cumplimiento de la ley, excepto la de Punta Arenas que tiene sobre 80%. En este sentido, Ferreiro agregó que “lo que observamos nosotros, que se cumpla con la entrega de información activa, que se realiza en los sitios electrónicos y que la ley establece, si bien esto pasa por una cosa de recursos, también influye directamente la voluntad y compromiso de los alcaldes para cumplir la ley”.
Ley SEP
En este sentido, uno de los expositores invitados, fue el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, quien expuso frente a los alcaldes sobre diferentes temáticas “hablamos sobre los subsidios de la Ley SEP, que hasta ahora no tiene mucha demanda, lo que nosotros estamos diciendo, es que estamos fiscalizando con mucho cuidado los recursos públicos, especialmente el sector educación, que son extraordinariamente complejos”.
Desde el punto de vista de la determinación de sus beneficios, el controlador manifestó: “La complejidad que lleva la ejecución de ese gasto, es muy importante, por eso hemos tratado de mostrar nuestra jurisprudencia, de mostrar cuáles son nuestras principales preocupaciones, especialmente sobre la Ley SEP, donde estamos realmente enfocados en que los recursos públicos financieros, que constituyen verdaderos billetes marcados, sean bien utilizados para la mejora de la educación en Chile y no en otro aspecto”.