Un total de 600 fiscalizaciones a empresas de la construcción de todo el país está realizando la Dirección del Trabajo (DT) con el fin de mejorar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en las obras. El programa comenzó el 30 de julio y se extenderá hasta el 15 de noviembre del año en curso, y estará enfocado en las empresas principales, contratistas y subcontratistas.
El objetivo específico del programa es que a su término al menos el 85% de las fiscalizaciones redunde en un cumplimiento total de las normas de higienes y seguridad. Por ello es que la modalidad elegida es la de fiscalización asistida. Esto quiere decir que, de no mediar graves riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores (en cuyo caso puede decretarse suspensión de faenas), las empresas contarán con un plazo de 30 días corridos para corregir las infracciones detectadas. De hacerlo, evitarán recibir multas; en caso contrario, estas serán cursadas.
El Director Regional (S) del Trabajo, Francisco Parada, comentó que “la idea de estas inspecciones es la prevención, vale decir la fiscalización que se anticipa y no la que actúa de manera reactiva. Esta política es coherente y complementaria a nuestro trabajo con las mesas de diálogo social que buscan conocer e identificar problemáticas, promover derechos y obligaciones tanto de trabajadores como de empleadores y, que ambos a su vez, se escuchen en una interacción constructiva capaz de potenciar el valor del respeto por los derechos de los trabajadores”, afirmó Parada.
En tanto, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Víctor Haro, coincidió con la visión proactiva de la DRT, asegurando que “queremos evitar para no lamentar. Ese es nuestro principal norte”.
En este sentido, Haro agregó que “la DRT pondrá toda su capacidad profesional para llevar a cabo con la mayor acuciosidad posible, las fiscalizaciones, pues con ello centramos nuestra preocupación en la seguridad y salud de nuestros trabajadores”, enfatizó Haro.
En el caso de las empresas principales el foco del control estará en la protección de los trabajadores propios y subcontratados. En el de las firmas contratistas, el acento se pondrá en los riesgos específicos ligados con elementos de protección personal, en caso de que algunas de las materias pesquisadas estén en infracción.