Tal como han comunicado varios medios de comunicación social, y a raíz de la solicitud del Consejero Claudio Alvaradejo y Nancy Dittmar, se sometió a evaluación de Contraloría, la sesión Nº1 del Consejo Regional la cual fue presidida por el jefe de la División de Análisis y Control de ese instante Luís Sáez, lo que Contraloría recientemente dictaminó como indebido. La Sesión Nº1 fue realizada el 2 de enero de 2012 en la ciudad de Punta Arenas, y no pudo contar con la presencia del intendente regional de turno, Arturo Storaker, debido a que la primera autoridad regional y varios de sus Seremis y jefes de Servicios, se encontraban en Puerto Natales, atendiendo la emergencia del incendio al interior del Parque Nacional Torres del Paine, por lo tanto dejó como delegado a Luís Sáez, quien por ende debió presidir la primera sesión del CORE este año.
El Contralor General de la República, publicó a través de su página web un dictamen que determinó que, tanto la sesión como los acuerdos deberán ser invalidados, la razón de esto procedía la subrogación del Intendente, aún cuando estuviese en ejercicio dentro del territorio de la región, y por tanto no procedía la delegación.
Frente a esta situación el Consejo Regional espera llegar a la solución menos engorrosa posible, para así no perjudicar el desarrollo y financiamiento de los proyectos aprobados en esa oportunidad. Para esto el presidente de la Comisión de Régimen Interior Miguel Sierpe, sugirió a la intendenta (S) Gloria Vilicic que solicite una entrevista con el Contralor General de la República, para evaluar las alternativas de solución que tiene este caso.
“Es un tema que tiene muchísima importancia y nosotros tenemos absoluta confianza que va a ser factible poder implementar la misma solución que hubo hace unos años atrás, cuando se vivió una situación similar a esta donde también presidió el CORE un delegado del intendente de ese momento, y que posteriormente fue objetado por Contraloría, por lo tanto yo creo que vamos a esperar que encontremos una solución que apunte a solucionar y normalizar la situación, fundamentalmente por el impacto de los proyectos de esa sesión “, señaló el Consejero Sierpe.
Es importante señalar que la potestad invalidatoria de la administración del Estado, reconoce como limitación el principio de la buena fe de los terceros frente a los actos de la administración, la seguridad jurídica, y los derechos adquiridos.