“Entre algunas de las modificaciones que plantea dicha ley, y que desconocen las personas y representantes de la sociedad civil, refieren por ejemplo, a que el alcalde deberá informar al consejo comunal de organizaciones acerca de los presupuestos de inversión, del plan comunal de desarrollo y sobre las modificaciones al plan regulador”, explicó el Seremi de Gobierno, Miguel Schweitzer, quien fue uno de los expositores del encuentro. De igual forma, en marzo de cada año, el consejo deberá pronunciarse respecto de la cuenta pública del Alcalde.
Estos alcances, entre otros puntos, fueron revisados y analizados por los asistentes, quienes representaban a los municipios de nuestra región, y que principalmente cumplen funciones en las secretarías comunales.
En esta oportunidad, a través de este Seminario, quisimos profundizar y facilitar la implementación de la Ley 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, explicó el Seremi de Gobierno, esto con la finalidad de nivelar los contenidos fundamentales de dicha Ley y de dar a conocer, cómo sus preceptos influyen directamente en la gestión de los municipios del país. Asimismo, se busca entregar una retroalimentación práctica, respecto de las primeras dificultades que se han observado desde su entrada en vigencia.
Dentro de los puntos que se destacaron en el desarrollo del Seminario, fue que la Ley 20.500 apunta a la consagración de una institucionalidad de carácter participativo a nivel de la administración de los órganos del Estado, y que ello es posible si se logra trabajar en conjunto con los municipios.
Finalmente, los asistentes a la actividad junto a las autoridades de Gobierno, resaltaron que es un hito en la relación entre Gobierno y ciudadanía, pues recoge una nueva forma de entender la participación ciudadana, al hacerla más concreta y efectiva sobre el derecho a asociarse para actuar al interior del Estado.
En tal sentido, el Intendente, Mauricio Peña y Lillo, planteó que se reconoce a las personas el derecho de participar en la elaboración de políticas, planes, programas y acciones, pues de acuerdo a la Ley, “cada órgano de la administración pública debe establecer las modalidades formales y específicas de participación que tienen las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia”.