El jueves el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica Cárcamo, resolvió permitir la apertura de la Discoteca Sala 21, cerrando con ello un capítulo que se prolongó por más de un año y que, además de la incertidumbre de sus protagonistas, motivó un amplio rechazo de parte de los vecinos del centro de la ciudad organizados a través de la Junta Benjamín Muñoz Gamero. El jefe comunal fue claro: los inversionistas cumplieron con todo lo requerido por la municipalidad. Por tal razón, no había impedimento legal que pudiera dar un “no” como respuesta.
La decisión seguro no fue fácil para Mimica. La autoridad comunal debió poner el pecho a las balas, asumiendo las consecuencias que ya le venía dejando la posición que mantuvo desde la primera votación a principios de año y que causó la indignación de un grupo de vecinos que se sintió engañado y decepcionado por asegurar que el alcalde les había dicho “otra cosa”.
En este caso, el alcalde fue, lo que se dice, “cabeza de turco”. Él debió salir a dar la cara luego que un grupo de concejales no asistiera a la sesión municipal extraordinaria donde se debía votar el tema de la patente. Y no había más, porque el plazo era fatal.
De esta forma, Claudia Barrientos (PPD), Emilio Boccazzi (pro PPD), Mario Pascual (PS) y Antonio Ríspoli (UDI) a través de su ausencia llevaron a que no hubiera quórum para sesionar y, con ello, endosar la responsabilidad a Mimica. En jerga futbolística, que bien conoce el alcalde, le dijeron: “Señor, usted haga el penal”.
En el uno a uno, hay que decir que Claudia Barrientos reconoció lo difícil de la decisión y que incluso, aunque debiera ser lo lógico, se tomó el tiempo hasta para ir a terreno y verificar a cuántas personas puede afectar directamente la apertura de la discoteca.
Boccazzi, en tanto, expuso desde el primer momento que no podía pronunciarse por su vinculación profesional con el proyecto de remodelación de las instalaciones. Aquello lo llevó a abstenerse, lo que fue criticado por los vecinos y los colegas opositores a la patente.
En el caso de Mario Pascual tampoco fue fácil decidir a favor. “Yo estoy con lo que dice la ley”, enfatizó, siendo blanco del malestar generalizado de los vecinos que no entienden cómo un edil preocupado de los temas medioambientales puede estar por la apertura de un local nocturno en pleno centro. No obstante, en las últimas votaciones se ausentó. En una se excusó por motivos médicos y en la última esgrimió razones laborales.
El cuarto voto a favor, también ausente el pasado viernes, corresponde a Antonio Ríspoli. En la sesión anterior, el concejal UDI argumentó en extenso su posición, citando algunos pronunciamiento judiciales del norte del país. El viernes no concurrió al municipio por encontrarse fuera de Magallanes.
El costo político
En la vereda contraria se encuentran los concejales que se opusieron al otorgamiento de la patente, quienes con argumentos más o menos, coinciden en que la actitud asumida por sus colegas no corresponde a personas que fueron elegidas por la ciudadanía. “Se puede estar a favor o en contra, pero se debe votar porque eso es la democracia”, sostuvo José Aguilante (DC).
Y justamente, ese a favor o en contra finalmente pasó a segundo plano en la discusión, porque hoy lo que queda de esta experiencia, ejercicio o llámese de cualquier manera, es la responsabilidad que deben tener los ediles como representantes de la comunidad.
Para el concejal y candidato a alcalde, Roberto Sahr, “evidentemente la actitud de los colegas concejales significará un costo político en las próximas elecciones. Estamos hablando de un candidato a alcalde como Emilio Boccazzi y de tres concejales que van a la reelección, que van porque quieren seguir representando a la comunidad, una comunidad que no quiere que el voto sea de silencio, de ausencia. Nuestra posición puede gustar o no, estar a favor o en contra, pero tiene que estar”. Agregó que los concejales que le endosaron la responsabilidad al alcalde Vladimiro Mimica otorgaron la patente “por secretaría”, lo que hoy parece nimio ante la posición adoptada de no asistir para evitar la discusión.
“A lo mejor pensaron dejar al alcalde como el único malo de la película. Pero aquí hay más de 200 vecinos del centro que tienen claro lo que pasó”, enfatizó Sahr.
Libres de asistir
El concejal José Saldivia (DC) manifestó que la decisión de no asistir por parte de sus colegas concejales se enmarca dentro de la legalidad, más aún considerando cuando no se trata de una reunión ordinaria, más bien de una sesión solicitada por un grupo de ediles. “Ya ha pasado en anteriores ocasiones. Y uno lo lamenta porque no se pudo cumplir con el proceso democrático de votación, pero aunque así hubiese sido, el resultado iba a ser el mismo. El alcalde debió pronunciarse por algo en que los concejales no fueron capaces de decidir”.
Sobre un posible costo político, opinó que en este tipo de casos “nunca se sabe”. Mencionó que como hay personas en contra, también hay quienes defienden una posición distinta. “En lo personal, yo siempre he estado por el bienestar de la comunidad y, por ello, en este caso mi postura fue contraria al otorgamiento de la patente”, enfatizó.