“Avances y Desafíos a Cinco Años de la Entrada en Vigencia de la Ley 20.084”, es el nombre del seminario organizado por la Corporación Opción (Institución colaboradora del Servicio Nacional de Menores de la Región de Magallanes). Contó con varios expositores del circuito judicial: el juez presidente del Juzgado de Garantía, Andrés Provoste; la abogada asesora de la fiscalía regional, Marygeissy Gutiérrez; el defensor juvenil de la Defensoría Penal Pública, Richard Maldonado; el Coordinador Nacional de proyectos de la Corporación Opción, Osvaldo Vásquez; y el coordinador del Área de Justicia Juvenil del Sename, Rodrigo Trujillo.
Al juez presidente, Andrés Provoste, le consultamos por los avances de esta ley que ya cumple cinco años de vigencia. En general reconoce un avance de la nueva legislación porque, a diferencia de la normativa anterior, “trata y regula la responsabilidad de los adolescentes en forma más integral de lo que existía antiguamente”, donde si el menor era encontrado con discernimiento quedaba expuesto a una condena de adulto, sin la más mínima posibilidad de reinserción social.
La actual normativa aplica penas distintas, que van acompañadas de un programa de reinserción, cuyo objetivo principal es la recuperación del adolescente. “La ley no solamente vela por un castigo sino por una recuperación del infractor. Esto se refleja mediante la capacitación, permitiendo que complete sus estudios y buscando lazos con la familia. Todo esto se reconoció como un primer avance”, señaló Provoste como una de las conclusiones de este seminario.
Índice de calidad
Consultado el magistrado si existe un seguimiento del cumplimiento de las sanciones, respondió que es un tema bien interesante. “El cumplimiento de sentencia es una fase distinta y tan importante como la primera. De nada sirve dictar el mejor de los fallos si éste no se cumple. En el caso de los adolescentes es bien complejo, porque hay que hacer un seguimiento, además hay instituciones coayudantes, como Corporación Opción y Fundación Esperanza. En general podemos decir que ambas han cumplido bien, pero sí sería deseable que más allá de un cumplimiento formal pudiese existir alguna suerte de índice de calidad, para saber si la intervención realizada surtió efecto en términos de reinserción social”.
Para Andrés Provoste esto es difícil de testear, pero a su juicio es importante hacerlo dado que muchas veces la maquinaria judicial lleva a establecer un cumplimiento formal de los fallos.
La delegada se presenta en el tribunal y corrobora que tuvieron las reuniones con los jóvenes infractores y con la familia. Y explican en audiencia el cumplimiento de las pautas de trabajo. “Esto es lo que sucede actualmente, pero ojalá se pudiera medir más allá para ver si efectivamente la intervención surtió efecto en el joven: que entendió, adhirió a la norma, se responsabilizó y cambió su conducta. Es un tanto más difícil de poder medir, pero es también un desafío que se debe tener en consideración, hacer un seguimiento más exigente”, sugiere el juez presidente.
Mediación Penal
El éxito de la actividad anterior, llevó a la Corporación Opción a organizar para el día de hoy una nueva actividad: Coloquio-Taller de Mediación Penal, en el Salón Terra de la Universidad de Magallanes. El evento contará con la presencia de expositores extranjeros, como el abogado mediador de Tierra del Fuego, Ulf Eiras, la mediadora argentina Silvia Vecci y la mediadora Española Ana Altamirano, quienes expondrán sus experiencias Internacionales en Justicia Restaurativa y Mediación Penal.
La actividad será inaugurada por el seremi de justicia de Magallanes, Hans Gäbler.