La detención de la funcionaria del Servicio de Salud, Viviana Vega, junto al ex sargento del OS-7 Luis Contreras por comercializar marihuana destinada a quemarse, generó alerta sobre el proceso de destrucción de la droga incautada en el país, sin embargo, el tema ya estaba instalado desde hace varios meses en unidades investigativas y el Ejecutivo. Cifras recopiladas de 2010 indicaban que cerca del 10% de las drogas duras decomisadas no llegó hasta el proceso final de destrucción.
La estadística que se encuentra en la página web de la Subsecretaría de Prevención del Delito indica que en ese año se incautaron 2.808 kilos de cocaína y 7.127 de pasta base (9.935 kg en total de los dos tipos). Y de acuerdo a los números manejados ese año sólo llegaron hasta el Servicio de Salud en total 8.860 kilos de ambas drogas y se quemaron 8.769. Es decir, hay una diferencia entre lo que se confiscó y destruyó de más de una tonelada (1.166 kg).
No existen protocolos claros que contemplen mecanismos de control sobre la destrucción eficiente y controlada de coca, pasta base, marihuana y precursores químicos, por lo que los ministerios de Interior y Salud comenzaron a trabajar en 2011 en un protocolo que aún no está operativo. Entre las deficiencias del sistema está que los servicios de salud queman la droga en sitios eriazos, los lugares de almacenaje no cuentan con estándares de seguridad mínimos y existen pocos o nulos chequeos para verificar el cumplimiento de las cadenas de custodia. Además, los traslados de las sustancias desde el centro de acopio hasta el lugar de incineración cuentan con bajos niveles de protección.
Una parte del problema buscó ser solucionado con la compra de tres incineradores portátiles, lo que fue impulsado luego de conocerse del robo de cerca de 100 kilos de marihuana del Cementerio General que iban a ser destruidos allí. Dos de ellos fueron destinados a Arica y Antofagasta. El tercero fue asignado a Santiago, pero aún no funciona del todo.