Denuncian que el erario para esa cartera no es el prometido, y que su repartición no responde las demandas de potenciar la educación pública. Luego de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara este domingo el Presupuesto 2013, representantes de la Concertación se manifestaron dispuestos al diálogo para aprobar la partida en el Congreso, aunque dejaron entrever que aún consideran “insuficientes” los montos en esta materia. La senadora, Ximena Rincón (DC), dijo no compartir el tono triunfalista y autocomplaciente con que el Gobierno realizó los anuncios del domingo.
“Es bueno que haya más recursos, pero los chilenos deben entender que más plata no significa más eficiencia. Nos preocupa que el Gobierno destaque aumentos en ministerios que han tenido una ejecución deficiente: a julio de este año, sólo el 21% en Salud y un 28% en Educación, por lo que esperamos conocer también los mecanismos que se usarán para que este dinero llegue a los chilenos y no se quede estancado en las cuentas fiscales”, manifestó.
En tanto, el presidente de la DC, Ignacio Walker, dijo que “el reajuste de Educación, de acuerdo a los propios parámetros que ha establecido el gobierno, debería ser de un 11%, sin perjuicio que hay que valorar estos 1.200 millones de dólares y estos 1.100 del año pasado, que fueron el reajuste”. “Tomamos este 9,4% (de incremento respecto de 2012) más como un piso que como un techo, y vamos a velar especialmente para que una parte importante de esos recursos vaya a educación, la que enfrenta una situación muy deficitaria”, agregó.
Con los US$ 1.200 millones inyectados por la reforma tributaria, Educación contará con un presupuesto cercano a los US$ 12.800 millones, según estima el Gobierno. De esta forma, Educación desplazará a Trabajo como la cartera que concentrará la mayor parte del Presupuesto y, por primera vez en la historia, superará el 20% del total del gasto fiscal de un año.
No obstante, para el senador y presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez, el presupuesto en educación no cumple con las expectativas que se tenía. “Sigo creyendo que (US$ 1.200 millones) es un engaño. Esto porque el ajuste tributario eran más o menos 1.500 millones de dólares y ese ajuste iba directamente a educación, y hoy nos están planteando 1.200 millones de dólares. Pero ojo, el resto de los ministerios sin ajuste tributario lo que están haciendo es aumentar un 5% su presupuesto, y en el caso de educación no está considerado ese ajuste. Por eso digo que es un engaño, porque las expectativas de todos eran mucho más que eso”, agregó.
En tanto especialistas en educación, como Pablo Valenzuela del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, afirmó que el presupuesto tendría falencias de fondo. “El esfuerzo relativo que está haciendo el Gobierno no da cuenta del desafío que la educación reviste para el caso chileno”.
Valenzuela, añadió que “el foco de este Presupuesto, en términos de magnitud y principalmente de la orientación en que están estos cuantiosos recursos, no son fortalecer la educación pública. Hay una mirada relativamente neutra, especialmente en el sistema escolar, y uno percibe una ausencia de una estrategia de fortalecimiento de la educación pública”.
En la misma línea, el académico del Observatorio de Políticas Educativas (Opech), Mario Sobarzo, recordó que en los últimos años los recursos para educación han aumentado considerablemente sin que se resuelvan los principales problemas del sistema, por lo que la solución pasa por hacer cambios de fondo.
Además, Sobarzo consideró que el Ejecutivo no apunta a fortalecer la educación pública, una de las principales demandas del movimiento estudiantil, sino todo lo contrario: “El Presupuesto propuesto por el Presidente Piñera da para construirle un ataúd muy bonito a la educación pública, porque sigue existiendo la competencia entre el sistema privado y el público. Como el sistema público está obligado a competir, estos recursos van a aumentar mucho más la brecha entre ambos sistemas”, explicó.
Sobarzo, agregó finalmente que la Ley de Presupuesto presentada por el Gobierno, al aumentar la cantidad de recursos disponible, genera “más intereses empresariales, porque gracias a la Ley General de Educación (LGE) se garantiza el lucro y aparecen más interesados. La torta que se está repartiendo es más grande”, concluyó.