El presidente de los usuarios, Tomás Buvinic, afirmó que “al intendente se le podrían levantar cargos por complicidad en esta defraudación si Contraloría toma razón de la modificación al contrato”. En medio del conflicto de Zona Franca, el presidente del gremio de los usuarios, Tomás Buvinic, insistió en que modificar el Plan de Inversiones de Zona Franca es ilegal, ya que a su juicio produciría un fraude al Fisco por más de $ 400 millones. El dirigente advirtió que si el órgano contralor toma razón de los cambios al proyecto de inversión al interior del recinto, se podría levantar cargos por complicidad en este fraude al fisco, ya que al no cobrar las multas se daña el patrimonio del estado
El presidente de la Cámara Franca insistió en que la Intendencia de Magallanes no debió autorizar la modificación del Contrato de Concesión, ya que “no es efectivo que la concesionaria tenga el total de obras ejecutadas en Zona Franca, por 258.950 UF ($ 5.853.070.155), dado que Rentas Pacífico Sur es propietaria de parte de dichas obras por 107.024 UF
($ 2.419.073.104), además tenemos conocimiento que quien compró la Bodega de Frío es la Sociedad Rentas Bodega de Frío por un monto de 73.373 UF ($ 1.658.456.522)”.
A raíz de lo anterior agregó que SRI tiene un total de obras ejecutadas por ella de solo 78.553 UF ($ 1.775.540.528), y si se excluye la Bodega de Frío, sólo habría ejecutado obras por 151.926 UF($ 3.433.997.051), demostrando incumplimientos en la inversión inicial por lo que no sería lícito aprobar la mencionada modificación.
El dirigente afirmó que la modificación del contrato remitido a Contraloría “no es legal, ni jurídicamente correcta, habiendo incumplimientos contractuales tan descomunales. Peor aún, la modificación remitida para Toma de Razón, estableciendo que al plan de Inversiones le falta sólo construir las nuevas obras propuestas, le otorga total impunidad a todos los incumplimientos del concesionario”, dice Buvinic.
Según la versión de la Cámara Franca, SRI le debe al Estado la reinversión no ejecutada del primer trienio por
$ 385.843.455, más intereses y una multa por $ 449.801.491, tomando en cuenta sólo 6% reinversión, “existiendo más incumplimientos que el fiscalizador tiene la obligación de cursar y multar, que serían blanqueados de ser aprobado el cambio en la modificación del plan, como fue propuesto por la intendencia y por ello es posible sostener que al intendente se le podrían hacer cargos por complicidad en esta defraudación, si finalmente la Contraloría toma razón de la modificación al contrato”, dijo.
Emplazamiento
Ante las declaraciones de autoridades sobre que el gremio de usuarios al no formar parte del Contrato no pueda opinar, la Cámara Franca, señaló que “estamos en total desacuerdo ya que cualquier ciudadano chileno tiene el derecho y deber cuando se está defraudando al Estado de Chile de manifestarlo ante las autoridades respectivas”.
Además, emplazó al intendente a preguntar al seremi de Hacienda, Arturo Lillo, sobre “si es verdad, que SRI en un escrito dirigido a intendencia, en enero 2012, sostuvo que las reinversiones del 6% al 31 de diciembre del 2010 las efectuaron imputándolas a la inversión inicial comprometida por el concesionario en su Oferta Técnica y si es verdad que las obras comprometidas por la concesionaria fueron construidas y recibidas por la Municipalidad de Punta Arenas siendo el propietario el usuario Rentas Pacífico Sur Ltda”. Las obras son la Remodelación Edificio de Módulos y Pista de Patinaje por $ 1.672.696.469, la Bodega de Carga seca por $ 746.376.634 y la Bodega de Frío por $ 1.658.456.522.
La Cámara Franca ha denunciado que esta última obra fue adquirida a Central de Carnes por la empresa gemela Rentas Bodegas de Frío. Al respecto Buvinic señaló que “si la autoridad tiene alguna duda, puede solicitar que el SII le informe la dirección dada por esta última empresa para el inicio de sus actividades comerciales y comprobará que lo que afirmamos es verídico”.
Recordó que la investigación de Contraloría Regional de diciembre de 2011, comprobó que la concesionaria no había realizado la reinversión de 6% del primer trienio, a la fecha en que se efectuó dicha investigación al indicar que esta obligación, SRI las había imputado a la inversión inicial. “Queda claro entonces que SRI no cumplió con su compromiso de Reinversión del 6% y que para llegar a esta conclusión no es necesario efectuar ninguna auditoría. Es inexplicable que ante esta realidad, intendencia el ente fiscalizador, en 995 días ya transcurridos, aún no haya cursado las multas e intereses respectivos, esto solo nos lleva a deducir que la autoridad no cursa las multas, porque al hacerlo, debería también aplicar la sanción de Extinción de la Concesión por acumulación de multas superiores a 1.000 UF en un año calendario”, dijo Buvinic.