La compañía explicó que esta práctica va en desmedro de quienes pagan mes a mes por el servicio y pone en riesgo la continuidad del mismo. Aguas Magallanes informó hoy que endurecerá las medidas de control de robo de agua con el inicio de acciones legales, ya que en los últimos tres meses ha detectado más de 60 fraudes de estas características en la región.

Se trata de prácticas que van desde adulteraciones en el medidor de algunos clientes hasta la presencia de conexiones ilegales a la red de abastecimiento. Estas acciones fraudulentas, según lo que ha inspeccionado la compañía, son cometidas de manera transversal, tanto por particulares como por empresas, a fin de registrar un menor consumo que el real.

“Por esto, además del programa permanente de análisis y detección de ilícitos -que incluye observación de los consumos e inspección masiva a clientes y sectores, entre otros-, iniciaremos las acciones legales que contempla la ley en aquellos casos identificados y en donde no exista intención de eliminar o regularizar la situación”, explicó el gerente de clientes de Aguas Magallanes, Cristián Vergara.

El ejecutivo agregó que una de las principales dificultades a la hora frenar este problema es el desconocimiento que existe por una parte de la comunidad del carácter delictual de estas prácticas y sus consecuencias, situación que favorece la proliferación de estas conductas.

Son fraudes que no sólo pueden traer graves consecuencias para quienes sacan provecho de ellas, sino que también pueden terminar afectando a la comunidad en su totalidad. “Este tipo de acciones van en desmedro directo de quienes sí cumplen y pagan mensualmente por el servicio que reciben. Por eso, y entendiendo que se trata un servicio vital para la vida, queremos realizar un fuerte llamado a cuidar la infraestructura y denunciar a quienes se sorprenda usurpando agua, enfatizando la importancia de cuidar los medidores –que son responsabilidad del cliente- y no manipularlos”, resaltó el gerente de clientes de Aguas Magallanes.

Así, estos ilícitos pueden afectar fuertemente a la comunidad, poniendo en riesgo la calidad de la prestación del servicio. Entre los efectos ocasionados se encuentran:



• Provocar roturas en las tuberías de agua potable.

• Cortes de suministro por mal uso de las instalaciones y por regularización.

• Daño a las instalaciones de seguridad (grifos), lo cual puede tener consecuencias nefastas al comprometer el suministro utilizado por Bomberos en caso de incendio.

• Filtraciones en la vía pública.

• Desmedro en la calidad de servicios de los vecinos, producto de bajas de presión.

• Uso irracional del recurso.

A lo anterior se suma el daño ecológico que provoca el uso indiscriminado de este escaso recurso –obtenido de manera completamente ilegal-, yendo en contra de la actual necesidad de ahorro que experimenta todo el planeta.

El robo de agua se ha detectado en todos los niveles socioeconómicos, variando el uso que se le da y los medios empleados para lograrlo. Así, del total de los hallazgos realizados en estos últimos tres meses se puede apreciar que existen fraudes en los distintos niveles, tal como se muestra en el siguiente gráfico, donde un 12% de los casos tiene un consumo estimado superior a los 40 m3 por mes.