¿Debe pagar la industria y los gobiernos miles de millones de euros para limpiar ríos y lagos de restos de medicamentos? Este es el debate que plantean los científicos Susan Jobling y Richard Owen en un artículo de opinión que firman en la revista científica «Nature». La Unión Europea tiene previsto votar a finales de año una posible regulación ambiental de uno de los ingredientes de la píldora anticonceptiva que más daños está causando a las especies acuáticas. Se trata del etinilestradiol, un estrógeno derivado del estradiol, y uno de los principios más utilizados en el mundo.
Más de cien millones de mujeres en el mundo utilizan la píldora anticonceptiva para evitar la gestación. El etinilestradiol, el ingrediente más activo y otros estrógenos, son excretados a través de la orina de las mujeres a las aguas residuales y terminan en ríos, estuarios y lagos.
Décadas de investigación han demostrado que los estrógenos afectan a los ciclos reproductivos de los peces. Los machos desarrollan características femeninas, como la capacidad de producir proteínas para formar huevos en los testículos. La presencia de este componente también reduce la cantidad de espermatozoides en los peces machos y altera el equilibrio de género, con más peces hembras que machos. La presencia de estrógenos en el agua también cambian el sistema reproductor de las hembras con ovarios mal formados. Los científicos creen que las hormonas están provocando un cambio de sexo en peces que pudieron haber sido machos y cambiaron de sexo en las etapas tempranas de su desarrollo.

El próximo 6 de noviembre el Parlamento Europeo votará una iniciativa legislativa que deberá incluir la lista de sustancias prioritarias que deberán tener una regulación ambiental. Y si el contenido de la píldora anticonceptiva debería estar incluida en esa lista. Pero las reuniones ya han empezado a puerta cerrada. Los expertos que escriben en «Nature» piden un debate público sobre un asunto que debería preocuparnos a todos.

La regulación obligaría a reducir al mínimo la presencia de la hormona en el agua y a limpiar lagos y ríos de estrógenos. Los costes de la nueva legislación serían enormes. Solo en el Inglaterra se estima que costaría 30.000 mil millones de euros y la industria y los gobiernos es poco probable que apoyen la iniciativa.