Sebastián Andrés Torres Coli, tripulante; y Juan Pablo Ibarra Fournet, 24 años, carpintero, eran investigados por el fiscal especialista en delitos de droga, Oliver Rammsy Dickinson y la Brigada Antidrogas de la Policía de Investigaciones, porque existían antecedentes de que intentarían ingresar droga a Punta Arenas. Esto llevó a que el mes pasado el fiscal le solicitara al juez autorización para interceptar los teléfonos celulares de los imputados, algo que permite la Ley de Drogas, y así dirigir las diligencias.
La investigación estableció que Ibarra salió de Chile por un paso no habilitado, con dirección presumiblemente a la ciudad de Río Gallegos. En Argentina se encontró con su amigo Sebastián Torres, quien el 28 de noviembre había abandonado Punta Arenas, por la frontera, y juntos adquirieron la droga.
Luego, el 1 de diciembre, Sebastián Torres regresó a Punta Arenas, legalmente. No así su socio, Ibarrra Fournet, que volvió al país por un paso no habilitado.
En un punto de la carretera que estaba previamente delimitado se reencontraron. Ambos abordan el vehículo que guiaba Torres, pero el viaje les llegó solamente hasta el sector del Retén Kon Aiken, donde la Policía de Investigaciones procedió a detener a los sospechosos. En una mochila Nike, que estaba oculta bajo el asiento del acompañante, venían en una bolsa los seis “ladrillos” de marihuana compactada, cuyo peso oficial fue 4 kilos 983 gramos.
Ormeño
El jefe de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, Héctor Ormeño, destacó la millonaria incautación de droga, “porque esto equivale a sacar de circulación 15 mil dosis de marihuana y por la cual estas personas iban a obtener ganancias por 50 millones de pesos”.
Dijo que así terminó la “operación sin fronteras”, luego de establecer que dos personas viajarían a Río Gallegos a comprar la droga, como finalmente aconteció.
Prisión preventiva
El fiscal Rammsy pidió la prisión preventiva para los imputados, representados legalmente por el defensor Cristian Opazo. A las 19.30 horas el juez de turno, Juan Olivares, accedió a la solicitud por considerar que la libertad de ambos constituye un peligro para la sociedad.
Para el cierre de la investigación se determinó un plazo de 50 días, tiempo durante el cual Ibarra y Torres permanecerán privados de libertad.