El gremio de usuarios explicó que la Sociedad de Rentas Inmobiliarias debe entregar una millonaria suma por no acreditar obras de reinversión, en el plazo correspondiente. La Cámara Franca aseguró que son $ 635.731.437 millones los que debió entregar la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI) al Gobierno Regional por no acreditar el cumplimiento del compromiso de reinversión del 6% correspondiente al 2010, 2011 y 2012. Estos fondos se sumarían a los $ 385.843.455, por el mismo concepto, correspondiente a los tres primeros años de la franquicia, que se adeudan al Gobierno Regional.
El punto decimoquinto del contrato de concesión establece que “la sociedad deberá invertir por concepto de reinversión regional de acuerdo a lo establecido en las bases y en la oferta realizada por la sociedad un 6% de sus ingresos brutos anuales (...) El valor de la inversión no acreditada se sumará al pago anual para los períodos en que se hace exigible la acreditación, sin perjuicio de las multas correspondientes”.
Tomás Buvinic, presidente de la Cámara Franca, explicó que si se toma en cuenta los montos informados por la empresa concesionaria y el pago que debió recibir el Gobierno Regional por la no acreditación del 6% durante los seis años de la franquicia, debió ser de
$ 1.021.574.892, sin considerar las multas que -a juicio del dirigente- deben aplicarse.
Postura del Gobierno
Frente a este nuevo episodio de Zona Franca, el seremi de Gobierno, Miguel Schweitzer, comentó que el tema está siendo abordado en una auditoría externa que es realizada por la empresa nacional y que fue encargada por el Ministerio del Interior.
El secretario agregó que “lo que a nosotros nos corresponde es que el beneficio de tener una Zona Franca le llegue a la gente de Punta Arenas y creo que si hay algo en lo que coincidimos es que hoy el beneficio no llega. No quiero decir que en todo, yo he comprado cosas que efectivamente son mucho más baratas, pero hay otras que no lo son”.
Aclaró que “la extensión de impuestos y el precio preferencial de arriendo del terreno es un subsidio del Estado y no se dan beneficios para que los empresarios ganen más, si esto sucede, bien, en la medida que ese beneficio llegue al consumidor final”, dijo Schweitzer.