
Este organismo es presidido por Carlos Díaz y está compuesto además por Mónica Titze, David Bravo, Ricardo Paredes y Andras Uthoff.
La ministra Matthei agradeció la entrega del informe, y destacó que uno de los puntos relevantes del documento dicen relación con el análisis de la evasión y elusión previsional, prácticas que están afectando el monto de las pensiones que recibirán los trabajadores.
Carlos Díaz sostuvo que un estudio licitado por el Consejo y realizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, muestra que en la actualidad uno de cada cinco trabajadores dependientes (el 20% de ellos) no cotiza para su jubilación, especialmente en empresas pequeñas.
La evasión previsional se entiende como el no cotizar pese a tener un contrato de trabajo -puede ser por acuerdo entre el trabajador o empleador, o por no pago de parte del empleador-, mientras que la elusión previsional se configura cuando el trabajador cotiza por un monto menor a su sueldo real, resultando en ambos casos afectado el ahorro para su jubilación.
De acuerdo a información de la encuesta Casen 2011, 927.000 trabajadores dependientes en Chile estarían siendo afectados por evasión previsional.
Los sectores más afectados por la evasión previsional son la agricultura, comercio, transporte, y servicios comunales. Además, las mujeres de bajos ingresos y los jóvenes de menos de 25 años también aparecen con mayores problemas de evasión y elusión previsional.
El estudio realizado por la Universidad de Chile concluye que “no se cuenta con una fiscalización y control adecuado del pago de cotizaciones previsionales”, por lo que se aconseja fortalecer el rol en este tema de la Dirección del Trabajo, acción que ya realiza el Ministerio del Trabajo.
Para mejorar esta situación, el Consejo Consultivo propone: Fortalecer a la Dirección del Trabajo, poniendo mayor énfasis en la fiscalización de cotización de trabajadoras de casa particular, y rubros como comercio, agricultura y construcción, además de establecimientos de menos de 50 trabajadores.
También cambios institucionales que doten a la Dirección del Trabajo de mayores atribuciones en la fiscalización de cotizaciones previsionales.
Asimismo una constitución de un sistema de monitoreo y establecimiento de metas para reducir la evasión y elusión previsional.
Y finalmente, fortalecer el sistema judicial, dotándolo de recursos para enfrentar las miles de causas de cobranza previsional.