En medio del informe que envió la Cámara de Diputados a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sobre la presentación que realizó la Cámara Franca en relación a los incumplimientos, el gremio calificó de “una grave irresponsabilidad política que tres intendentes regionales sucesivos hayan incumplido su deber de fiscalización sin que hubiese recaído en ellos su responsabilidad política”. Ante esto, afirman que hay un conjunto de obras de construcción prometidas por la actual sociedad concesionaria, las cuales no han sido cumplidas, lo que significa una pérdida para el patrimonio fiscal y un incumplimiento de contrato que debiera resultar en el término de la concesión.
Señalan que de esta manera “lo que en un comienzo nació como un mecanismo eficaz para garantizar el acceso de bienes y servicios a más bajo precio para los habitantes de Magallanes y que hoy cumple con un papel regulador de precios ante la arremetida de las grandes cadenas comerciales. Corre el riesgo de convertirse en un nuevo mall que se mimetice con lo ya existente y con los que seguramente están por llegar”.
Además, hicieron hincapié en que “tanto en el contrato de concesión como en las bases técnicas de licitación de la administración de la Zona Franca de Punta Arenas nunca han existido exigencias de carácter laboral. Hoy la zona franca de punta arenas da empleo directo a 1700 trabajadores directos, 600 usuarios internos y externos y alrededor de 40 trabajadores que laboran para la sociedad administradora”. Esto se refiere al conjunto de criterios de selección y de admisibilidad de una determinada concesión, licitación o contrato entre un privado y el Estado, que garanticen las condiciones laborales (estabilidad del trabajo, naturaleza de las faenas, calidad de los contratos, permanencia de las remuneraciones y otros beneficios anteriormente obtenidos, entre otros) para los trabajadores que laboran en la o las empresas objeto de la licitación o concesión.