El anuncio de licitación que se publicó el domingo en la prensa nacional, ha despertado el repudio de organizaciones sociales, así como políticos del oficialismo y de oposición. Era una amenaza latente por parte del Ministerio, asegura la Unión Comunal de Derechos Humanos de Punta Arenas, sin embargo, sólo se enteraron por la prensa, el pasado domingo 27 de enero, que La Casa de los Derechos Humanos entró en proceso de licitación por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, para la concesión gratuita a 20 años y a cualquier institución pública o privada que esté interesada.
El hecho, fue duramente criticado por la organización, quien este miércoles convocó a un punto de prensa, la cual contó con el respaldo de diferentes organizaciones, como la ANEF, y la Asamblea Ciudadana de Magallanes, así como partidos políticos, concejales y el alcalde de Punta Arenas, Emilio Boccazzi.
Este edificio que pertenecía a la Armada de Chile, fue utilizado como centro de torturas desde 1973 hasta 1990, mal llamado “El Palacio de la Risa”, y se estima que unas dos mil personas padecieron abusos ilegítimos en este lugar. El año 2006, el recinto fue cedido por el comandante Rodolfo Codina al Gobierno Regional, ya que la institución no podía efectuar una donación a terceros, siendo la intendenta de la época, Eugenia Mancilla, quien entregó la administración del recinto a la Unión Comunal. Pese a esto, nunca se llevó a cabo una toma de razón, o acto administrativo específico para ceder la casona a la entidad de DD.HH.
El hecho fue largamente denunciado por Francisco Alarcón, presidente de la Unión Comunal que encausa a la Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares, la Agrupación de Familiares de Ejecutados y Desaparecidos Políticos de Punta Arenas, el Centro Cultural Refugiados Políticos de la Patagonia y la Agrupación Prais. Sin embargo, y pese a la presentación en dos oportunidades de un proyecto de comodato, desde la seremi señalaron que estos carecían de un financiamiento que asegure su operación.
La situación, que de acuerdo a Alarcón ha producido este aviso del Gobierno del Sebastián Piñera “es un golpe al corazón del movimiento de Derechos Humanos en Chile”. El presidente de la Unión Comunal define esta licitación como “un intento más de borrar los rastros que dejaron el paso de la dictadura por 17 años, que masacró. Este Centro fue el principal centro de torturas de Magallanes”, y añade que no serán parte de este proceso de concesión porque eso significaría avalarlo: “No vamos a participar porque no reconocemos a esa licitación como una cosa lógica y legal. Y avisamos a la gente que quiera participar, que va a tener problemas. Nosotros no vamos a entregar este edificio que nos corresponde”.
La opinión es refrendada por el alcalde de la comuna Emilio Boccazzi, quien expresó la voluntad del municipio de hacerse cargo de la casona, pero que no podía realizarce a partir de esta licitación, porque eso significaría correr el riesgo de que el edificio quede en manos de privados: “Existe la disposición, a que si el Ministerio de Bienes Nacionales reversa esta situación, pone freno a la licitación, el municipio pueda ser el vehículo, para poder hacerse cargo de esta vivienda”.
Por su parte, desde Bienes Nacionales, el seremi Alfonso Roux explica que este llamado se efectuó por decisión de la ministra del momento, Catalina Parot, y que sólo puede ser frenada por el actual biministro de Bienes Nacionales y Vivienda, Rodrigo Pérez. El fin de esta licitación sería el evitar el franco deterioro del edificio, ya que es la obligación del ministerio recuperar este tipo de bienes fiscales. “Nosotros lo que estamos pidiendo es que, presenten un proyecto (la Unión Comunal). Pero por lo que hemos podido ver, ellos no tienen la capacidad técnica para hacerlo”, detalla.
De acuerdo con Roux, un estudio efectuado por la Dirección de Arquitectura concluyó que se necesitan alrededor de $ 1.000 millones para restaurar y rehabilitar la casa, pero pese a esto, la licitación sólo exige montos por 200 millones de pesos. Y aunque asegura que existe el requisito de que este inmueble se utilice “para fines culturales y de Derechos Humanos”, en el documento de licitación especifica solamente la realización de actividades artísticas y culturales. Además, exige mantener la fachada, pudiéndose modificar completamente el interior de la estructura. “Nosotros no tenemos los dineros, ni las instancias, ni los organismos técnicos para hacerlo”, puntualiza el titular.