En la petición se señala que el inmueble, el cual está siendo licitado para su concesión, “fue ocupado por organismos de inteligencia durante la dictadura militar y fue escenario de crueles torturas”.
Agrega que, dicha situación consta en los informes redactados a contar de 1990, que han servido para reconocer a quienes durante el pasado fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, precisamente en dependencias de este edificio.
Luego, se expone que desde el traspaso de la Armada al Gobierno Regional, este inmueble se convirtió en un símbolo de encuentro ciudadano, dando cabida a la cultura y al arte, con el anhelo de las organizaciones de convertirlo en un “Museo de la Memoria”.
“Por lo tanto, creemos que el llamado a licitación gratuita por 20 años, que ha hecho el Ministerio de Bienes Nacionales, resulta improcedente, pasa por encima de las víctimas y sus familiares y no se condice con la importancia histórica del lugar y los compromisos contraídos con un tema tan relevante para la región y el país”, enfatizó.