Demanda por acoso laboral del año 2001 de una profesora de la sede San Fernando, permitió incautar la propiedad. Según dijo su abogado, era la única que pertenecía directamente a la casa de estudios. Una nueva arista apareció ayer a las múltiples investigaciones que se siguen contra la Universidad del Mar. Esto, porque a la causa por el presunto pago de comisiones para obtener la acreditación -que tiene en prisión preventiva al ex rector, Héctor Zúñiga - y el cierre decretado por el Ministerio de Educación, se sumó el embargo de la sede Curicó en un juicio por acoso laboral iniciado en 2011.
Según explicó el abogado Gonzalo Baeza , una receptora judicial llegó al Conservador de Bienes Raíces de Curicó a embargar el Campus Zapallar de la U. del Mar (en Curicó), ubicado en esa ciudad de la Región del Maule. “Puede parecer extraño que por un caso en San Fernando, donde trabajaba la profesora Elena Gaete , víctima del acoso, se embargue un edificio en otra región. Esto se debe a que la única sede que encontramos pertenece directamente a la U. del Mar”, indicó.
“Anduvimos por San Fernando, Rancagua, Santiago, Viña del Mar, Talca y Curicó y aquí recién nos encontramos con una propiedad. Tiene un avalúo fiscal de $ 650 millones. En San Fernando sólo pudimos embargar las sillas y las mesas de las salas, lo que no alcanzaba para cubrir los 20 millones que sentenció el tribunal para nuestra representada”, dijo.
El abogado relató que su representada, la ex directora de la carrera de Historia en el campus San Fernando, presentó una denuncia por acoso laboral luego de ser víctima de múltiples actos hostiles, a raíz de que decidió incorporarse al sindicato.
“También había una cosa de egos académicos. Porque por ejemplo su jefe inmediato carecía de posgrados en el exterior. En cambio ella sí los tenía. Se trata de una profesora seria, que de pronto comenzó a ser víctima de pequeños actos, como que le desordenaran el escritorio. Luego pasaron a no dejarla trabajar, a cambiarle los horarios, a decirle que no había hecho clases”, describió Baeza.
Según indicó el letrado, cuando la situación se hizo insostenible, la profesora Gaete había llegado a un acuerdo con la universidad para dejar su puesto. “Pero de un momento a otro ellos desconocieron ese convenio y por eso nos vimos obligados a presentar esta denuncia ante el Segundo Juzgado de San Fernando”, recordó.
Sin embargo, una vez que fue fallado favorablemente en primera instancia y ahora en segunda, “apareció el problema del dinero. La sede San Fernando pertenece a una inmobiliaria. No podía cubrir los gastos. Ahora eso se podrá hacer con la sede de Curicó, que tiene un alto valor comercial. Ahora esperamos que salga a remate y suponemos que el precio será muy inferior”, indicó Baeza.