Agrupaciones quieren mantener el inmueble para hacer un centro histórico. Sin embargo, Mauricio Peña y Lillo dijo que “aquellos museos lo único que hacen es dividir a las personas”. En medio de la polémica que ha generado la decisión de licitar la Casa de los Derechos Humanos, impulsada por el Ministerio de Bienes Nacionales, agrupaciones comunales encabezadas por su presidente Francisco Alarcón y el alcalde de Punta Arenas, Emilio Boccazzi, llegaron hasta la intendencia para entregar una carta a la primera autoridad regional, Mauricio Peña y Lillo, solicitándole que detenga dicho proceso.
Durante el encuentro, la autoridad comunal se comprometió a responsabilizarse técnica y operativamente del inmueble ubicado en Avenida Colón 636. “Le pedimos que ponga freno a esta concesión, que busca licitar esta obra en el mes de marzo. Nosotros nos ponemos a disposición como municipio para hacernos responsables de este inmueble, en términos de ponerlo en valor y de mantener el uso que ha tenido, a sola condición de no licitarla. Nosotros no vamos a competir con nadie para hacernos de este inmueble. Lo que hemos pedido es que así como el Ministerio de Bienes Nacionales tiene otros inmuebles en comodato, el municipio pueda poner en valor y reconocer la historia de dolor que ha tenido esta vivienda”.
Sin embargo, ante el compromiso del edil, el intendente de Magallanes recordó que “la administración anterior también tuvo un compromiso con ellos y los mismos dirigentes lo señalaban la última vez que los recibí. Y, desgraciadamente, quedó en nada”.
Peña y Lillo respondió a la petición de paralizar la licitación que “eso va a depender de lo que diga el Ministerio de Bienes Nacionales. Esto se viene arrastrando desde hace bastante tiempo y hasta el momento no se ha tenido el resultado que se esperaba”.
La primera autoridad regional explicó que la decisión de licitar el edificio nace de la preocupación que tiene el Gobierno por el abandono del mismo, lo que ha provocado graves daños a la infraestructura del inmueble. “Se les ha dado bastante tiempo y todas las facilidades para que puedan presentar una iniciativa que de cuenta de cómo se va a realizar la sustentación del edificio en cuestión”, aseguró Mauricio Peña y Lillo.
Francisco Alarcón, presidente de la Agrupación de Derechos Humanos, valoró el apoyo transversal que han recibido en este proceso y se mostró esperanzado de obtener una respuesta positiva por parte de las autoridades, no obstante, reconoció que va a depender del Gobierno Regional.
De acuerdo con la licitación de Bienes Nacionales, el proyecto ofertado deberá integrar de manera armónica las artes y la cultura, restaurando el inmueble y habilitando sus dependencias para el desarrollo de actividades tales como museografía, sala de eventos culturales, exposiciones, talleres, capacitaciones, cafetería, venta de artesanía regional y biblioteca, entre otros. La recepción y apertura de ofertas tiene como fecha el 28 de marzo.
Al ser consultado por la forma en que se enteraron de la decisión, el dirigente afirmó que se trató de una “metida de pata del Gobierno” y agregó que “primero tenían que habernos informado a nosotros y no a través de un medio nacional como El Mercurio. Lo estábamos conversando con ellos, entonces no entendemos esto”.
Museo de la memoria
El dirigente explicó que “este edificio fue un lugar de detención masiva y de tortura. Por lo tanto queremos convertirlo en un Centro de Derechos Humanos en el sentido más amplio de la palabra”.
Sobre este punto, el intendente dijo no estar de acuerdo: “Aquellos museos lo único que hacen es dividir a las personas, más que unir, manteniendo las heridas abiertas. La verdad es que creo que no contribuye a la pacificación y al buen entendimiento, pero son distintos puntos de vista”.