“El Gobierno no entendió cuál era la necesidad de legislar”, dijo José Hernández, asesor laboral del Sindicato de Tripulantes y Oficiales de Naves Especiales.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Galilea, recordó que la nueva ley incorpora criterios para avanzar en el desarrollo de la actividad. Tras más de un año de tramitación, fue publicada en el Diario Oficial la nueva Ley de Pesca N° 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, el acceso a la actividad pesquera industrial, artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.
Hoy, en tanto, se publican los decretos que darán luz verde al fraccionamiento de cuotas entre industriales y artesanales.
Magallanes fue una de las zonas que constantemente se opuso a reglamentaciones de la ley, manifestando ayer José Hernández, asesor laboral del Sindicato de Tripulantes y Oficiales de Naves Especiales, que “si lo miramos de la perspectiva de nuestro desarrollo como región, podemos concluir que definitivamente seguimos en el mismo punto de partida y los avances que se esperaban no fueron tales. Esto obedeció a que la mirada con que se trabajó el proyecto en sí, se marcó por las diferencias de los principales actores y en definitiva se mantuvieron los principios de distribución y fraccionamiento de los peces, sin considerar la sustentabilidad verdadera de los recursos”.
Agregó que “estamos enfrentando un colapso de las pesquerías más importantes y ello no se ha resuelto con la modificación a la ley anterior, muy por el contrario, con el nuevo sistema de distribución y fraccionamiento se producirá una reducción de la flota industrial y ello será nefasto para el sector de trabajadores y los beneficios a los cuales pueden acceder, sin lugar a dudas, serán insuficientes, por lo tanto es prudente mantener en observación los resultados de la ley y comenzar un seguimiento sobre aquellos aspectos que fueron destacados y en donde llevó a un número importante de los senadores de la Concertación a apoyar el proyecto de ley, sin importar las consecuencias de sus actitudes”.
Hernández estableció que “faltó la voluntad política o el mayor conocimiento por parte de los legisladores para resolver la situación que expresa el artículo 12 transitorio, ya que para los trabajadores de los buques industriales en nuestra región era importante, dado que al abrirse un sistema distinto a lo que señala la ley anterior, teníamos la expectativa de mejorar la habitabilidad a bordo de las naves de pesca, ello precisamente porque es en nuestra zona en donde las mareas de pesca son de al menos 90 días en la mar”.
“Las perspectivas que se hicieron al menos con la cuota de bacalao en donde tendrán derecho a participar los armadores artesanales en nuestra región, es insignificante y no colabora a mejorar el estándar de vida de las familias de éstos. Por otro lado el aumento de un 10% de la cuota anual para los armadores que capturan la merluza austral, en nada resuelve las verdaderas necesidades del sector, la puesta en marcha de los comités científicos será un factor de distorsión a futuro y en donde ya nada se podrá hacer. Por ello, el balance sobre esta ley nos deja como resultado que no se entendió por parte del Gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera y el ministro (Pablo) Longueira cuál era la necesidad de legislar al respecto”, concluyó.
Subsecretario de Pesca
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Galilea, recordó que “el eje central de la nueva regulación es la sostenibilidad de los recursos pesqueros. La nueva ley de la República incorpora criterios para avanzar en el desarrollo de la actividad que han sido compartidos y validados por ONG y los principales actores del sector”.
Ahora, indicó la autoridad, viene un fuerte trabajo técnico para poder implementar la ley y dar a conocer sus alcances en todas las caletas de pescadores del país.
Galilea destacó la creación del Instituto de Desarrollo para la Pesca Artesanal y la Acuicultura a Pequeña Escala (Idepa), “un anhelado sueño de la pesca artesanal, que permitirá entregar créditos y subsidios para el desarrollo productivo de ambos sectores, en ámbitos de diversificación productiva y valor agregado de los recursos pesqueros, con un importante enfoque al desarrollo del sector alguero, que muchas veces es dejado de lado”.
Esta iniciativa se presentará en mayo próximo, según lo establecido por la ley.
En la misma línea, recordó el compromiso de presentar un proyecto de ley -en un plazo de seis meses- para generar incentivos y, específicamente, bonificaciones, que promuevan el repoblamiento y cultivo de algas en todo Chile, siguiendo el ejemplo del sector forestal y las políticas de reforestación que se implementaron con éxito en décadas pasadas.
Con esta nueva ley, las decisiones estarán basadas en criterios científicos y biológicos para la adopción de las principales medidas de administración, tales como cuotas pesqueras, tallas mínimas de extracción y vedas biológicas y extractivas.
Además, la iniciativa legal recoge el fraccionamiento de cuotas entre el sector artesanal e industrial, acordado en la mesa pesquera para las doce principales pesquerías.
Con la entrada en vigencia de la nueva ley, el sector artesanal dispondrá del 55% de los desembarques nacionales, mientras que el sector industrial disminuirá a 45% su participación del valor total. Lo anterior, significa un traspaso de cuotas desde el sector industrial al artesanal en recursos valorizados por US$ 50 millones al año, incluidas las licitaciones de langostino y bacalao.
Del mismo modo, destacan la excepción del pago de patente de las 761 Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos que existen en todo Chile, la posibilidad de realizar cultivos de pequeña escala hasta en un 40% del área y una mayor sanción al delito de robo.