Miguel Sierpe, presidente de la Comisión de Régimen Interior, fue el encargado de firmar una misiva que el CORE hizo pública, en la que se establece que las declaraciones de Sahr tienen una serie de imprecisiones respecto de la actuación que le correspondió al consejo en la asignación de estos recursos.
“En dicho informe, en ninguna de sus partes tiene algún tipo de responsabilidad este Consejo Regional o alguno de sus miembros en cuanto a las eventuales irregularidades de carácter administrativo que fueron objeto de investigación por parte del órgano contralor”, afirmó.
“Queda en evidencia que el señor Sahr desconoce los procesos para la asignación de estos recursos, por cuanto la cartera de proyectos como estos, es preparada por los funcionarios públicos profesionales de la Unidad de Desarrollo Regional del Gobierno Regional, quienes son los llamados a supervisar los procedimientos administrativos previos. Al Consejo Regional sólo le corresponde aprobar o rechazar los proyectos que finalmente se le presentan para ser sometidos a su decisión, que son los que fueron declarados admisibles y cumplieron con el criterio de innovación y competitividad regional, objetivo fundamental del fondo en cuestión. No corresponde ni al Consejo Regional como cuerpo colegiado, ni a ninguno de sus integrantes en forma individual, pronunciarse respecto de las investigaciones sumarias de la Contraloría, por cuanto este es un procedimiento exclusivo de un órgano autónomo y de rango constitucional, que entre otras cosas, se encarga de observar los actos de legalidad de la administración, siendo de su competencia exclusiva dicha labor.
La rendición de este y otros fondos regionales, son de competencia de la División de Análisis y Control de la Gestión del Gobierno Regional, que cuenta con los profesionales idóneos para esta labor administrativa y no del Consejo Regional que como se dijo, es un órgano encargado de hacer efectiva la participación ciudadana en la toma de decisiones - de ahí su carácter pluralista - formando parte de la administración superior de la región, junto con el Ejecutivo Regional, que es el intendente y las divisiones y unidades que de él dependen y que desarrollan la labor administrativa”, agrega la misiva.
Ante la declaración de Sahr, en la que afirma que le parece “impresentable” que se le estén entregando recursos a esta casa de estudios superiores “cuando todos sabemos que la universidad utiliza los ingresos para lucrar”, manifestó Sierpe que “esta afirmación igualmente es errónea y extemporánea, por cuanto la postulación a estos fondos ocurrió durante el primer trimestre del año 2011, aprobándose por el pleno del Consejo Regional en su décima sesión ordinaria del 25 de abril del año 2011, mucho antes de ocurridos los penosos acontecimientos conocidos por todos respecto de esta universidad privada y que afectó a tantas familias en nuestra región”.
“Un verdadero fiscalizador, como el señor Sahr se califica, debe ser muy riguroso en su labor y acucioso en sus aseveraciones, por cuanto de no ser así, pueden conducir a apreciaciones erróneas por parte de la opinión pública respecto de la labor que desempeña”, añade, concluyendo que la declaración no tiene intención de entablar una discusión pública, puesto que el CORE no tiene entre sus funciones generar espacios de debates públicos para potenciar campañas parlamentarias”.