El gremio insiste en que no se han realizado las inversiones comprometidas ni efectuado el pago del 6% de reinversión regional, por lo que correspondería la caducidad del contrato.
Voceros de la Cámara Franca sostienen que los conflictos se arrastran desde el proceso de licitación. En medio de las acusaciones de incumplimientos graves al contrato de concesión de Zona Franca, el gremio de usuarios anunció que presentará una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por el delito de fraude al fisco.
El asesor de la Cámara Franca, Jaime Jelincic, dijo que “es probable que en los próximos días este conflicto termine en tribunales, lo que es lamentable porque se pudo haber corregido. Es un tema de fiscalización, de cumplimiento de las normas, de contrato, pero como esto no ha acontecido se va a llevar a los tribunales, para que empiecen a resolver”.
Aseguró, además, que la Contraloría ha determinado una auditoría especial respecto del contrato, que comenzó a partir del 12 de diciembre, también en el Parlamento ya ingresaron esta materia. Ante esto insistió que “era un tema que debió haberse resuelto desde el punto de vista de la administración de la autoridad y, lamentablemente, por ineficiencia, por no querer hacerlo o por no comprender el conflicto se va a terminar resolviendo a través de los tribunales”.
Jaime Jelincic sostuvo que este no es un conflicto entre privados como se ha hecho ver a la comunidad, sino que se radica entre el Estado, representado por el Gobierno de Chile, con un concesionario por el incumplimiento de obligaciones contractuales y que por lo mismo afecta a toda la comunidad.
Auditoría
De acuerdo a lo informado por los asesores de la Cámara Franca, la consultora externa que fue contratada por el Gobierno para realizar una auditoría al contrato de concesión, ya habría entregado el informe con los resultados. El documento estaría en manos del Ministerio del Interior, y sería dado a conocer en los próximos días.
El origen del conflicto
De acuerdo con el asesor de la Cámara Franca, uno de los temas sobre los que la comunidad en general debería reflexionar es que el objetivo de la Zona Franca era tener bienes y servicios lo más barato posible, para lo que el Estado renunció a recaudar el impuesto a la renta, al IVA y a los aranceles aduaneros.
Sin embargo se hizo una licitación “donde lo que se busca es que se adjudique al que más paga y eso implica un 28% en esta administración, más un 6%, es decir implica el pago de casi un 34%. Entonces le pones un impuesto regional que lo que consigue es hacer más cara la Zona Franca. Por esto nunca debió adjudicarse al más caro, sino que había que entregar la administración a aquel que beneficiara de mejor manera para que los productos quedaran más baratos que es el objeto de la ley”, dijo Jelincic, quien agregó que ese es un tema que todos debiéramos cautelar a futuro, ya que sin los beneficios que tiene la región para que los productos sean más baratos, va a terminar siendo un mall.
Razones del reclamo
De acuerdo con la Cámara Franca, el concesionario intenta sistemáticamente cambiar las reglas del juego en Zona Franca tratando de imponer medidas arbitrarias al margen de lo que el contrato de concesión con el Estado le permite, acciones que afectan gravemente la competitividad que, de persistir, amenaza un tema central y sensible del beneficio que es lograr precios bajos para el consumidor.
Agregan que “las medidas arbitrarias que intenta instalar la concesionaria, sumado a las políticas que aplica para los usuarios nuevos, generan el triste resultado de ver como este importante beneficio no crece, no se desarrolla, y quienes pierden son los magallánicos. Efectivamente, podemos demostrar que desde que Sociedad Rentas Inmobiliarias Ltda. administra la Zona Franca, ésta se ha estancado frenando nuevas inversiones y la generación de empleo”.
Rol de la autoridad
De acuerdo con la Cámara Franca, la autoridad tiene el deber de fiscalizar el contrato que suscribió con el concesionario, cuestión que ha sido ratificada en reiterados informes de la contraloría. “Sin embargo, la intendencia presenta un actuar parcial favoreciendo a SRI, a pesar de sus reiterados incumplimientos las obligaciones del contrato. A esto se suma el hecho que el intendente se niega sistemáticamente a establecer un diálogo con la cámara franca para escuchar su planteamiento”, dijo el vocero del gremio.
Agregan que la “intendencia debe responder por su actuar deficiente en materia de fiscalización y, sobre todo, explicar a los magallánicos porque no aplica las multas al concesionario por los incumplimientos graves y reiterados de las cláusulas del contrato de concesión que son evidentes, como el no cumplimiento del plan de inversiones, la reinversión del 6% en nuevas obras para el desarrollo de Zona Franca y otras tantas que generan indignación por la impunidad con que se deja actuar y la obsecuencia ante la vulneración del contrato que debería caducar porque las causales para que ello ocurra están configuradas desde diciembre de 2012.
Finalizaron señalando que “nuestro compromiso es por la defensa de una ley que beneficie a los magallánicos y no permitiremos que empresas que no son de la región, que no entienden lo importante que es este beneficio que tanto ha costado ganar y que debe protegerse, aunque ello implique tener que enfrentarse a la propia autoridad, nuestro compromiso es defender Zona Franca ¡hasta las últimas consecuencias!”.