Autoridades regionales decidirían hoy, posterior a la investigación sumaria que ordenó la ex intendenta Eugenia Mancilla , cuál será el futuro de Manuel Orellana, funcionario de la Gobernación Provincial de Magallanes, quien fue acusado en julio de 2008 por una mujer uruguaya de 18 años, de entregarle un certificado de residencia a cambio de favores sexuales. La decisión ahora está en manos de la máxima autoridad regional, Mario Maturana, quien determinará si el funcionario será destituido o retomará sus labores.
El acusado, podría apelar a la sanción y a su vez, deberá esperar que culmine la investigación de la denuncia que fuera presentada ante el Ministerio Público.
