El jurista, es el patrocinante de la demanda de ex prisioneros políticos de Isla Dawson y Magallanes contra el Estado de Chile. Hasta Punta Arenas, arribó el abogado Víctor Rosas Vergara, patrocinante de la “Demanda en juicio de hacienda de ex prisioneros políticos de Isla Dawson y Magallanes contra el Estado de Chile”.
Su visita precisamente se enmarca en entregar información respecto de la sentencia de primera instancia del tribunal de justicia, que condenó al Estado Chileno a indemnizar a ex prisioneros de Isla Dawson, entre los que destacan 31 magallánicos, de los cuales 21 viven actualmente en Punta Arenas. Esto porque no se conoce con muchos de los demandantes, debido a que no todos han viajado a Santiago para analizar en detalle la demanda presentada.
El objetivo, como manifestó el jurista, quien permanecerá hasta el lunes en la zona, es además “buscar apoyo legislativo”, por lo que se reunió con los parlamentarios regionales, destacando que es de suma importancia contar con respaldo político para “hacer justicia” en el tema de los derechos humanos.
Informó Rosas que luego de la sentencia de primera instancia, el Consejo de Defensa del Estado, apeló, pero que un día antes de aquello él presentó un nuevo escrito para mejorar el fallo, en el que solicitó que se rechace la prescripción, lo que con anterioridad había expresado la magistrada del caso en el ítem considerando y que pidió sea interpuesto en la parte resolutiva. Tras aquello se debe notificar nuevamente y el consejo, si así lo determina, deberá volver a apelar.
En este marco, entre otros parlamentarios, el senador Pedro Muñoz (PS), quien realizó una conferencia conjunta con el abogado, comprometió gestiones para que tanto el Senado como la directiva nacional del Partido Socialista, lo reciban, y que su conglomerado luche porque el Consejo de Defensa del Estado no persista en apelar.
Sentencia
Esta sentencia dictamina que los derechos humanos “son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria, ya que ello significaría el desconocimiento del Derecho Humano conculcado”.
El fallo también establece la “imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad”, y da “lugar a la acción indemnizatoria solicitada respecto del daño moral sufrido por los actores,” el que “este juzgado estima prudencialmente en $ 150.000.000 para cada uno de los demandantes, atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueran sometidos los demandantes, que incluye el tiempo que se encontraron privados de libertad, tanto que fueran reconocidos como víctimas del Estado Chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, lo que naturalmente conlleva gran dolor y aflicción que provocan en un ser humano sujeto a aquellos, no sólo dolor físico inmediato sino que además un estado de vulnerabilidad interna con efectos permanentes”.
“El Estado de Chile debiera moralmente acatar la resolución judicial y abstenerse de apelar esta sentencia. Los ex prisioneros demandantes hacemos un llamado al Consejo de Defensa del Estado de Chile a reconocer esta sentencia y establecer que en Chile se rechaza la tortura y la prisión política como se llevó a cabo en los campos de concentración de Isla Dawson. Estamos dispuestos a concordar con el Consejo de Defensa del Estado las formas de facilitar la ejecución de este veredicto ejemplar del estado de derecho chileno en democracia”, dijo Baldovino Gómez.