Las leyes especiales para zonas extremas buscan fortalecer el desarrollo de las regiones, provincias, comunas o ciertas actividades productivas a las que se aplican. Contemplan desde beneficios tributarios excepcionales hasta subsidios para instalar servicios requeridos por la ciudadanía. Dos observaciones. Hace unos días se conoció que el tráfico aéreo desde Santiago al norte de Chile atraviesa por lo que califican como “boom”, considerando que en la última década el transporte local de pasajeros se triplicó con 8,3 millones al año.
Un segundo punto también habla de la realidad por la que atraviesa aquella zona del país. La demanda inmobiliaria ha alcanzado cifras récord, principalmente por el auge minero y los grandes proyectos energéticos que se sustentan en ciudades como Atacama y Antofagasta.
Aunque algo más ajeno en cuanto al tratamiento, pero más cercano geográficamente, es la realidad que ofrecen las provincias argentinas, principalmente Tierra del Fuego. En el caso de Río Grande, el 25% de sus cerca de 67 mil habitantes trabajan en alguna industria destinada a la construcción de equipos de audio, televisores, videos, celulares y artículos de línea blanca. No menos importantes son los frigoríficos, plantas pesqueras y empresas destinadas a la manufactura de madera.
Ushuaia, en tanto, con una población que se empina en los 60 mil habitantes, tiene su principal fortaleza económica en la industria sin chimeneas: el turismo.
“Creo Señor en Magallanes”
La precandidata a diputada de la Democracia Cristiana y ex intendenta de Magallanes, Eugenia Mancilla, planteó la necesidad de que el Estado reconozca el aporte y trascendencia que nuestra zona ha tenido para el desarrollo del país. Por tal razón, profundizó en la necesidad de un Estatuto de Desarrollo Especial que reconozca la condición de aislamiento, que garantice las condiciones de desarrollo a largo plazo y que incorpore junto a las condiciones de inversión, mejoras para sus habitantes.
Desde fines de los años ’30, Magallanes se desarrolló en base a un modelo de tratamiento especial, fruto del reconocimiento mencionado por Mancilla. El “puerto libre”, la irrupción de la ENAP, las gestiones de la Cormag y el papel protagónico del Estado contribuyeron a un desarrollo sostenido que ya, a partir de 1973 sufrió cambios importantes, como la creación de la Zona Franca y el establecimiento de leyes de excepción para estimular la inversión privada en Magallanes.
La realidad fueguina
En 1985 surge la Ley Navarino (18.392), que establecía por un período de 50 años una serie de franquicias tributarias y aduaneras a favor de los contribuyentes radicados en el territorio de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, fundamentalmente en Tierra del Fuego, Cabo de Hornos y parte de la costa sur del Estrecho de Magallanes.
La intención era ayudar a las empresas ligadas, principalmente, a la pesca, el turismo y transporte. Su resultado: desde su promulgación se acogieron 215 solicitudes entre empresas y personas (tres durante 2012). Este incentivo fue concebido para la isla del mismo nombre, sin embargo su evolución permitió que a partir de 2001 se extendiera a toda la zona sur del estrecho.
En 1992 fue el turno de la Ley Tierra del Fuego (19.149). La instancia fue vista como una muy buena posibilidad de crecimiento para las comunas de Porvenir y Primavera, considerando que en aquellos años el territorio fueguino atravesaba por uno de sus momentos más difíciles, al punto que llegó a hablarse de un éxodo y de eso de que el último apagaría la luz.
La expectativa inicial y que significó la instalación de innovadoras industrias, como una fábrica de pañales y otra destinada a la producción de cintas de videocasetes (VHS), como también las consultas de empresas como la Philips, se fueron diluyendo en cuestión de meses. Principalmente las textiles no llegaron para quedarse, y las pesqueras fueron feneciendo lentamente.
Ambos instrumentos, nacidos bajo el mismo concepto, presentan matices bastante diferentes. Mientras el último favorece principalmente a empresas comerciales y estancieros locales, el segundo apunta a la expansión de las industrias. A partir de 2001 la extensión de la Ley Navarino, hizo que la de Tierra del Fuego quedara un poco a su sombra. Aún así, el impacto no ha sido tal, desde el punto de vista de lo que espera la gente de Tierra del Fuego.
A la Ley 19.149 o Ley Tierra del Fuego, se acogieron nueve empresas y dos más se encuentran gestionando su ingreso.
“La mayoría de las empresas que se acogen a los beneficios tributarios de la Ley 19.149 son empresas vinculadas al transporte de carga y pasajeros, a la ganadería y al turismo. Esta normativa es una franquicia aplicable a personas naturales o empresas que desarrollen actividades industriales, mineras, de explotaciones del mar, transporte y turismo, que se instalen en las comunas de Cabo de Hornos, Timaukel, Porvenir, Primavera y la costa sur del Estrecho de Magallanes”, señala la gobernadora de la provincia fueguina Catalina Besnier.
Incentivos
El término leyes de excepción surge como reciente en la historia de Magallanes. Sin embargo, más que su nombre, su existencia ha resultado fundamental para el desarrollo. Y no sólo de nuestro país, muchos Estados recurren a ellas para estimular a algunas regiones que, principalmente por razones geográficas, presentan dificultades para atraer la inversión.
Basta con echar un vistazo a un mapa, para darse cuenta que Magallanes es la única zona realmente aislada con el resto del país y con un inconveniente que sólo es salvado por los acuerdos y las buenas relaciones con los vecinos argentinos: el transporte terrestre. Se suma la condición climática, que limita algunas actividades productivas y eleva gastos; y el aislamiento geográfico interno.
Las desventajas saltan a la vista y, bajo ese argumento, es que las leyes de excepción resultan de justicia: Ley 19.853 Mano de Obra (ex 889); DFL 15 Incentivo e Inversión; Ley 19.275 Fondema, Ley 19.606 (Austral), Ley Navarino 18.392, Ley Tierra del Fuego 19.149. Todas casi lugares comunes durante las últimas décadas.
En julio de 2011 el paquete de medidas extendió su vigencia hasta el año 2025, con algunos “regalos” en cuanto al aumento de recursos y a los mayores plazos.
Ley para
regiones extremas
El 1 de febrero fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 20.655 que establece incentivos especiales para las zonas extremas del país.
Lograr su aprobación no fue un “parto” fácil. Su proceso estuvo marcado por modificaciones y la posibilidad de que el ejecutivo vetara el proyecto en el Tribunal Constitucional.
“Finalmente el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el ministro (de la Secretaría General de Gobierno) Cristián Larroulet accedieron a no vetar el proyecto de ley, especialmente el artículo relacionado al 889, a petición mía como parlamentario. Finalmente se impuso un buen criterio de entregar un beneficio social”, señaló el diputado por Magallanes, Miodrag Marinovic.
Esta ley modifica las siguientes normas: Ley Nº 19.853, que crea una bonificación a la contratación de mano de obra en las regiones I, XI, XII y provincias de Chiloé y Palena; “decreto ley Nº 3.529, de 1980, sobre normas complementarias de administración financiera y de incidencia presupuestaria”; “decreto con fuerza de ley Nº 3, del Ministerio de Hacienda, de 2001, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 15, de 1981, del Ministerio de Hacienda, que establece el Estatuto del Fondo de Fomento y Desarrollo creado por el artículo 38 del decreto ley Nº 3.529, de 1980”; “ley Nº 19.420, que establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota y modifica los cuerpos legales que indica”; “ley Nº 19.606, que establece incentivos para el desarrollo económico de las regiones de Aysén y de Magallanes, y de la provincia de Palena”; “la ley Nº 18.841, que establece un sistema simplificado de exportaciones”; y “decreto con fuerza de ley Nº2, del Ministerio de Hacienda, de 2001, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº341, de 1977, del Ministerio de Hacienda, sobre Zonas Francas”.
De esta manera, la ley que establece los incentivos para las zonas extremas asesta un golpe a la esperanza de quienes, por el capricho de la naturaleza y el destino, viven en las localidades más apartadas del país. Acaso un respiro frente a las estadísticas que hoy hablan de un boom en la zona norte del país. Sana envidia.