Su defensa fue asumida por el abogado Juan José Arcos, quien aseguró que aquí se cometió “un abuso, un error” que traerá consecuencias. Agregó que no se puede perder de vista que nuestro país está suscrito a una serie de acuerdos y que es parte de la Convención de los Pueblos Indígenas. Como un hombre de bajo perfil, de esfuerzo y buena disposición para el trabajo, es considerado Luis Humberto Tuquerres, quien desde el sábado permanece en prisión preventiva por el delito de tráfico de inmigrantes menores de edad con fines de explotación laboral.
El ecuatoriano de 34 años se encuentra desde hace poco más de siete años en Punta Arenas, hasta donde llegó procedente del centro del país, luego de permanecer un par de años en la zona norte y haberse avecindado en Santiago. En 2001 y luego de tres años de permanencia en Chile logró su residencia definitiva.
Tuquerres nació en Otavalo, localidad de la provincia de Imbabura, Ecuador (110 km al norte de Quito), que se caracteriza por su movimiento turístico, la predominante presencia indígena y la calidad de sus artesanías. Justamente, en esto último destaca Tuquerres, quien desde pequeño comenzó a trabajar en el mercado de su localidad.
En Punta Arenas, el joven ecuatoriano se estableció -junto a su esposa- como uno de los artesanos de la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, logrando en pocos años insertarse sin problemas en la sociedad magallánica.
En 2009, tuvo su primer encuentro con la justicia. A fines de ese año intentó adquirir una vivienda en Punta Arenas, sin embargo fue estafado. Perdió parte del dinero, de sus ahorros, diría, intentando a través de una acción judicial recuperar los más de 3 millones de pesos.
Indígena y analfabeto
Tuquerres procede de una comunidad indígena, preserva su lengua y es analfabeto, razón que explica la estafa de la que fue víctima.
Luego de la audiencia en el Juzgado de Garantía, donde se le formalizó y envió a prisión preventiva, su defensa fue asumida por el abogado Juan José Arcos, quien dijo que todo lo ocurrido es un error que traerá una serie de consecuencias para el Estado chileno.
Explicó que antes de tomar una determinación, los responsables de las decisiones judiciales debieran conocer parte de la cultura de estas personas, “porque estamos hablando de alguien indígena, de una familia indígena en un país como Chile, que está suscrito a una serie de acuerdos, que es parte de la Convención de los Pueblos Indígenas y que deberá responder por el abuso que se está cometiendo”.
Arcos advierte que aquí hay una violación de carácter internacional, “porque las jóvenes están en la casa de un familiar, con su hermana de 25 años en Santiago y su padre que llega ahora, tras alejarse por razones de trabajo. Además, al menos una de ellas tenía pasajes para irse en los próximos días. Entonces ¿de qué vulneración estamos hablando?”.
Plantea, además, que las niñas aquí estaban trabajando en lo que han hecho siempre, artesanía, dinero que le enviaban a su familia. “Un tráfico tiene que ver con personas que permanecen prisioneras, restringidas, pero aquí no había impedimento para que regresaran cuando quisieran, nadie las tenía a la fuerza en Punta Arenas”, advierte.
El abogado plantea que hoy existe un malestar en la familia de Tuquerres, el que seguramente se va a traducir en un pronunciamiento de la Embajada ecuatoriana, “porque, claramente, estamos frente a un atropello, porque no estamos siendo respetuosos y, más aún, estamos dejando ver que hay elementos a considerar. La reflexión es la siguiente: ¿Si hubiera sido un ciudadano argentino, estaría preso? No queda más que entender que efectivamente en Sudamérica tenemos ciudadanos de primera y segunda categoría”.
Agrega que la protección infantil es una cosa, pero que se debe entender que estos pueblos originarios, en peligro de extinción, tienen costumbres como, por ejemplo, vivir en comunidad, “entonces aquí no estamos frente a un atropello o abuso en contra de estas menores, que por alguna razón estarían molestas, incómodas, pero de ninguna manera víctimas de un delito”.
Añade que con esa premisa, lo mismo podría darse con los estudiantes de intercambio, “que llegan y podrían ser ubicados en una estancia, participando de algunas actividades. ¿También estarían siendo explotados? Seguro que se diría que no”.
Junto con lamentar que hoy se esté enlodando la imagen de un padre de familia que con mucho esfuerzo ha logrado sacar adelante su vida, que perdió a su papá a los cuatro años y ayudó siempre a su familia, dijo que con ligereza se le envía a prisión preventiva y se incurre en irregularidades, tales como tomar declaraciones a las menores sin adultos responsables y enviar a las mismas a un hogar sin consultar a los familiares.
Apelación
Arcos dijo que apelarán a la prisión preventiva y se pondrán en contacto con la Embajada ecuatoriana.
De acuerdo a la denuncia, las menores de 15 y 17 años llegaron a vivir donde Tuquerres, donde las hacían trabajar como asesoras de hogar, exigía la confección de artesanía y comercializar los productos en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero de Punta Arenas.