Con duros términos la Cámara Franca se refirió al avance que registró el Plan de Inversión de la Sociedad Rentas Inmobiliarias, luego de la toma de razón por parte de Contraloría. La entidad acusó de una verdadera “fiesta de celebración” organizada por la Intendencia Regional luego de la resolución que por segunda vez modifica las inversiones que forma parte del contrato de concesión de Zona Franca. “Por tercera vez consecutiva le dan a Sociedad Rentas Inmobiliarias un nuevo plazo para dar cumplimiento a su compromiso de inversiones presentado en la licitación del año 2007”, explicó Tomás Buvinic, presidente del gremio.
El dirigente dijo que llama la atención que el Gobierno esté especialmente preocupado de resolver el problema de los incumplimientos del Plan de Inversiones del concesionario y busque por todos los medios encontrar una salida que, bajo el pretexto de mayor beneficio fiscal, esconde “bajo la alfombra las irregularidades cometidas y la falta de fiscalización de la Intendencia Regional, cuestión que en al menos tres oportunidades la propia Contraloría le ha exigido a la autoridad”.
Asimismo, dijo no entender por qué la Intendencia no hace los mismos esfuerzos para que el concesionario pague al fisco el 6% de reinversión correspondiente a los años 2010 y 2013.
“¿Por qué no fiscalizan los efectos provocados por la presencia de sociedades espejo del concesionario en Zona Franca? Pero, por sobre todo: ¿Por qué no aplican las multas por incumplimiento del Plan de Inversiones entre los meses de mayo de 2012 a la fecha? Si es evidente que la concesionaria no cumplió el plazo, al punto que debieron arreglarle el problema aprobando una nueva modificación al contrato de concesión”, enfatizó.
Buvinic también cuestionó que “recién ahora” el intendente convoque a la Comisión de Seguimiento y Control del Contrato de Zona Franca, en circunstancias que existen dudas “más que razonables” respecto del actuar del concesionario. “El intendente había señalado que no realizaría ninguna acción en materia del contrato de concesión hasta no conocer el informe final de la auditoría encargada por el Ministerio del Interior. Debemos entender entonces que la autoridad sí tuvo acceso al documento porque tomó decisiones respecto al contrato. Entonces ¿por qué el intendente no ha informado a la comunidad del resultado de la auditoría?”, preguntó el dirigente gremial.
El dirigente planteó que le parece grave que el Gobierno instale con su actuar la “impunidad frente a los incumplimientos de particulares en los contratos con el fisco “porque, de ahora en adelante, cualquier contratista podría exigir que también tenga el beneficio de obtener mayores plazos y que no se apliquen multas por retrasos en obras o que se cambien las condiciones de un contrato si éstas no le favorecen o que deje de pagar sus obligaciones, tal como ha sido con el concesionario de Zona Franca”.