La sesión del 18 de enero de 2010 arroja algunas luces, como la posición del entonces alcalde Vladimiro Mimica, la “predicción” del concejal Antonio Ríspoli y el cuestionamiento de su colega Roberto Sahr. La raíz del problema. Aquello es lo que pedirá determinar la concejala Claudia Barrientos (PPD) respecto de cómo los concejales aprobaron una propuesta de adjudicación en el servicio de la basura, sin ser advertidos de los problemas que podrían generarse por no existir pleno cumplimiento de las bases.
El caso del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios de la comuna, mantiene en jaque al municipio de Punta Arenas y con una soga al cuello que podría traducirse en varios miles de millones de pesos, como resultante de demandas e indemnizaciones.
Para la concejala, hoy resulta fundamental la realización de un sumario administrativo o una acción que permita saber realmente quién fue el responsable de que la propuesta llegara a la mesa del Concejo Municipal en enero de 2010, recibiendo luz verde por parte de los ediles.
Una revisión a la sesión efectuada la tarde del lunes 18 del mencionado mes y año, permite obtener algunas luces de cómo se llegó a una instancia de votación que encontró algo más que el rechazo del entonces concejal Antonio Ríspoli (UDI) y la abstención de Roberto Sahr (independiente).
¿Propuesta de la comisión?
“Revisado los antecedentes de la comisión técnico-jurídica de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, el señor alcalde propone al concejo, para su aprobación o rechazo, la siguiente propuesta: El alcalde somete al acuerdo del concejo la propuesta a la empresa Servitrans Servicio y Comercio S.A., por un valor mensual de $ 91.630.000 IVA incluido y por el valor mensual por km adicional de $ 535.500 IVA incluido señalados en el anexo Nº1 de la oferta económica, oferta que cumple con los requerimientos técnicos y económicos exigidos en la licitación”, señaló Vladimiro Mimica.
Luego se expuso que “conforme a los antecedentes tenidos en vista y analizadas cada una de las ofertas, se estima que la oferta presentada por la Empresa Servitrans satisface de una manera más adecuada los intereses y necesidades del municipio”.
Sin embargo, luego se advierte que “si bien, conforme a la pauta de evaluación de la comisión técnica, no oferta el menor precio, en mérito del artículo 61 de la Ley 19.886, corresponde a la administración propender a la eficacia, eficiencia y ahorro en sus contrataciones y, en consecuencia, este municipio no está obligado a adjudicar una licitación sobre la base de un criterio estrictamente pecunario”.
Se agrega que “para tal decisión se ha considerado que la oferta cuya adjudicación se propone, satisface de mejor manera los intereses y necesidades del municipio”.
Luego de leer dicho informe, Mimica señala que “éste es el informe técnico que se pone a disposición de la mesa para el pronunciamiento y que el alcalde ha hecho suyo. Ofrece la palabra, caso contrato somete a votación”.
Ríspoli lo advirtió
Inmediatamente, Antonio Ríspoli señaló: “Todos sabemos que lo principal de la licitación es marcar una igualdad para todos los ofertantes, todo aquello que no digan expresamente en las bases debe ser rechazado y no considerarlas en la decisión del mejor postor, por lo cual, si se decide aceptar alguna mejora del contrato, es ilegal porque no está en las bases y no hay plano de igualad con el resto de los ofertantes. Todo esto da pie a una demanda y puede anularse la licitación y tendríamos que volver a posponer el contrato”.
Y no sólo eso, el concejal (el único que votaría en contra) enfatizó que “quiero dejar en claro que el hecho de no entregar esta licitación a la mejor oferta económica, la Municipalidad de Punta Arenas pagará demás a la empresa Servitrans $ 1.662.000.648, en seis años, y yo no voy a avalar este contrato señor alcalde, por lo cual rechazo la oferta”.
La propuesta de la comisión técnica-jurídica, que hizo suya el alcalde Mimica, fue aprobada en base a una serie de servicios anexos que -tal como lo advirtió Ríspoli- no aparecían en base y fueron, en definitiva lo que llevó al Tribunal de Contratación Pública, a ordenar al municipio a llevar adelante una nueva adjudicación, lo que no fue acatado y mantiene hoy al municipio en tribunales.
De acuerdo, al TCP “un análisis integral de la normas legales y reglamentarias citadas, permite concluir que, la propuesta del alcalde al Concejo Municipal para adjudicar la propuesta a una empresa que había ofrecido servicios no contemplados en las bases de la licitación, y que este órgano colegiado aceptó por mayoría, -lo que se formalizó con la dictación del Decreto Alcaldicio Nº183, de 20 de enero de 2010, adjudicatario de la propuesta- constituye una grave transgresión de los principios de sujeción estricta a las bases y de igualdad de los oferentes”, agregando que tal decisión ha “significado privilegiar a dicho participante en desmedro de los demás licitantes, toda vez que ellas se ciñeron a las exigencias requeridas en el pliego de condiciones de las bases y no ofrecieron bienes o servicios distintos de aquellos que abarcaba el procedimiento administrativo en cuestión”.
Propuesta del alcalde
En la misma sesión, el concejal Roberto Sahr argumentó su voto de abstención, señalando: “Yo le pedí que lea el primer párrafo para dejar claro, entender bien, que esta es la propuesta del alcalde al Concejo Municipal, pero no me consta cuál es la propuesta de la comisión técnica al alcalde, con firma responsable de todos los integrantes de la comisión. Por lo tanto, ante la ausencia de esa información, yo me abstengo”.
Luego sería Ríspoli quien nuevamente arremetería, exponiendo que “aquí nosotros estamos tratando el retiro de los residuos de las viviendas, no estamos tratando ningún otro contrato de basura, ni de aseo, ni de jardín, ni de ninguna otra cosa. Estamos abocados a los residuos sólidos de la ciudad, nada más que eso, porque han confundido, han mezclado los dos contratos que no tiene nada que ver con esta licitación que estamos tratando ahora”.