Por 58 votos contra 56 los diputados aprobaron el fondo de la acusación. Quedará suspendido de sus funciones, a la espera de la votación en el Senado, que actúa como jurado. En una estrecha votación, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Educación, Harald Beyer, a quien las bancadas de oposición más algunos independientes imputan no haber fiscalizado ni sancionado el lucro en las universidades, además de faltar a la probidad.
El resultado fue de 58 votos a favor y 56 en contra. Con esta votación, la acusación constitucional pasará ahora al Senado, que actuará como jurado. Para estos efectos, la Cámara designó una comisión de tres diputados de oposición -Fuad Chaín (DC), Marco Antonio Núñez (PPD) y Manuel Monsalve (PS)-, quienes deberán exponer la acusación ante la Cámara Alta.
La sesión, que se extendió por cerca de tres horas, se inició pasadas las 10.00 horas de ayer en el Congreso Nacional, hasta donde llegó el ministro Harald Beyer, en compañía de sus asesores y los titulares de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, Secretaría General de Gobierno, Cecilia Pérez, e Interior, Andrés Chadwick.
Apenas iniciada la sesión, ésta debió ser suspendida, ya que un centenar de personas -entre alumnos y académicos de la Universidad del Mar- alegaban por no poder entrar a presenciar la sesión, lo que finalmente les fue permitido.
Al contrario de lo que estaba previsto, la defensa del ministro Beyer finalmente optó por que no se votara la “cuestión previa”, referente al mérito de la acusación, ya que no contaba con los votos necesarios.
“Beyer mintió”
De esta forma, la diputada Alejandra Sepúlveda (Ind) -designada para sostener la acusación- entró de lleno al análisis del fondo del libelo. En su intervención, Sepúlveda argumentó detalladamente los argumentos para sostener las tres imputaciones que se le realizan al ministro: Infringir la probidad, omitir el deber de ejercer control jerárquico sobre el jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte, y omitir el deber de fiscalizar a las universidades.
De entrada, la parlamentaria aclaró que “no argüimos un juicio político” –como planteó el ministro–, sino que la acusación “es una consecuencia directa del agotamiento de todos los recursos para hacer que este ministro se preocupe de hacer cumplir las normas aplicables a su sector”.
En cuanto a la imputación de que infringió el principio de probidad, sostuvo que el ministro negó en reiteradas ocasiones las denuncias de lucro, pese a que existían numerosos antecedentes en esa línea, aportados por académicos de la Universidad de Chile, de la Comisión de la Cámara que investigó el lucro en las universidades, y del ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Patricio Basso.
“En la misma Cámara él (Beyer) negó tener conocimiento de esto y negó tener denuncias. Yo me pregunto, por qué nos mintió. Perdón si ustedes no quieren reconocerlo, pero el ministro mintió”, subrayó la diputada, generando la inmediata expresión en las tribunas, que estuvo divida tanto a favor como en contra de la acusación.
También criticó la función del ministro en el proceso de cierre de la Universidad del Mar, afirmando que pese a que era su responsabilidad, “la gestión del ministerio ha sido nula, ni siquiera insuficiente”. Junto a esto, le enrostró haber publicado tardíamente una serie de reglamentos que eran responsabilidad de su cartera.
Otra de las imputaciones en que ahondó es que el ministro no ejerció un control jerárquico permanente sobre la División de Educación Superior, entidad que, según los acusadores, se mantuvo “inactiva” en su función de fiscalizar el lucro. “Juan José Ugarte se manda solo”, remarcó Sepúlveda, quien también criticó sus reiteradas ausencias a las sesiones de la CNA.
La tercera imputación que argumentó fue que el propio Beyer omitió su deber de fiscalizar a las instituciones de educación superior. “El ministro, teniendo las facultades, no ha hecho nada y no ha cumplido las leyes. Si el ministro no ha fiscalizado, debe ser responsable por la infracción de este deber”, subrayó.
A la luz de estos antecedentes, la parlamentaria sostuvo que “ésta es una acusación constitucional que tiene convicción y que tiene fundamentos legales”. “Nadie puede decir en este país que no existe el lucro en la educación superior chilena. Nadie puede decir que tenemos un ministerio de educación que, por convicción, fiscalice una ilegalidad que ocurre permanentemente bajo sus narices, hasta cuándo”, sentenció.
La defensa
En respuesta a las acusaciones, la defensa de Beyer, representada por el abogado Enrique Barros, argumentó que los parlamentarios asumen que el ministro tuviera las mismas atribuciones que una superintendencia para fiscalizar y sancionar, lo que dista de la realidad, ya que la autoridad “cuenta con herramientas restringidas” para estos fines y su función es principalmente política.
“En Chile todas las superintendencias tienen facultades amplias, pero detalladamente definidas. Si se pretende que el Ministerio de Educación tenga facultades fiscalizadoras como la tienen las superintendencias, debe haber una reforma legal”, sostuvo.
Esgrimió además que el problema de fondo del diagnóstico que se hace en la acusación constitucional se debe a “un sistema normativo deficiente, con déficit regulatorios profundos”. “La acusación da cuenta de algunas consecuencias indeseadas del actual sistema de educación superior, el ministro ha hecho lo que ha podido para hacer frente a una serie de situaciones”, apuntó.
Sostuvo además que el lucro es difícil de detectar, debido a que no existe una regulación clara en la ley y el ministerio no cuenta con atribuciones para acceder a pruebas y documentación, que sólo puede conseguir solicitándoselos a las propias universidades. “Comprobar estas irregularidades exige poderes muy fuertes de regulación (…) El lucro resulta prácticamente imposible acreditarlo, si las pruebas no son aportadas por el propio imputado”, afirmó.
Con todo, calificó la acusación constitucional como “desproporcionada” para las acciones que se le imputan al ministro. “La acusación constitucional sólo procede para hechos extremadamente graves, no se aplica a una ilegalidad cualquiera (…) Aun si fueran ciertas las acusaciones, la acusación constitucional adolece de completa desproporcionalidad”, afirmó.
El abogado concluyó que “el ministro Beyer no es la causa del problema, sino parte de la solución”, al haber impulsado una verdadera Superintendencia de Educación Superior, con el fin de que regule el sector. Añadió que es “una persona estudiosa, con vocación pública y sin agenda política personal”. “Se requiere cambiar la ley, no al ministro. Cualquiera que lo reemplace se encontrará con las mismas facultades fiscalizadoras”, subrayó.
Tras la exposición de su abogado, el ministro Harald Beyer realizó una breve intervención, en que calificó como “injustas” y “faltas a la verdad” las imputaciones en su contra y llamó a los parlamentarios a no aprobar el documento, apelando a su calidad como políticos. “En mis columnas y ensayos he destacado el valor y calidad de nuestros políticos. Espero no haberme equivocado y que ello se note en la votación”, afirmó.
Pese a esto, los diputados de la oposición lograron superar las polémicas y se alinearon para votar en bloque a favor de la acusación.