“Los precios de Zona Franca no revelan las nuevas tarifas, porque el 98% de los usuarios del recinto, son antiguos y están pagando las tarifas de Parenazón (la anterior concesionaria del recinto). Por lo que si el 2017 se impone el aumento de 400% en los precios, la comunidad también se verá resentida, porque esas diferencias se van a traspasar al costo de los productos”, dijo el presidente de la Cámara Franca.
Al respecto, el vocero de los usuarios explicó que “cuando se lee la ley, se tiene claro que la concesión de esta licitación estuvo mal hecha porque con la Ley de Zona Franca, el Estado renuncia a cobrar el IVA, el impuesto a la renta y el aduanero, es decir la idea era que las cosas salieran más baratas y, posteriormente, se hizo una licitación a quién más cobre”. Es decir se atentó contra el espíritu de la ley con esta licitación.
Incumplimientos
En la oportunidad el gremio insistió en que no se ha cumplido el contrato vigente, porque no se han desarrollado los planes de inversiones vigentes, ni se han cursado las multas que debieran cobrarse, no se ha aplicado la reinversión necesaria y se ha trabajado con una discriminación interna de tarifas.
Asimismo, señalaron que existen discrepancias entre los distintos escritos de la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI). “En documentos emitidos por la concesionaria de fecha 12 de enero del 2012 decía que al 31 de diciembre del 2010 ellos habían realizado una inversión de $ 258.950 UF y en otro documento hecho en septiembre del 2012 dice que la inversión (realizada en el periodo ya descrito) era de sólo $ 212.483 UF, o sea 46.000 UF menos”, explicó el presidente de la Cámara Franca.
Ante esta situación, el intendente de Magallanes, Mauricio Peña y Lillo, se habría comprometido con el gremio de usuarios a aclarar las discrepancias de las inversiones informadas, incluso a Contraloría. “Son diferentes, hasta a las presentadas en el último informe que modificó el contrato de administración”, explicó el vocero.
Aclarar postura
El gremio señaló que esperan tener clara la postura del Gobierno durante el transcurso de esta ley. “Si se cumplieron o no las concesiones, los pagos, que haya una posición para saber a qué atenernos”, dijo el vocero.