Los poderes públicos han anunciado acciones legales para responsabilizar al candidato opositor por su supuesta instigación a desórdenes callejeros. El oficialismo venezolano parece haber entendido que, en medio de la crisis política desatada tras las elecciones presidenciales del domingo, en las que Nicolás Maduro obtuvo una magra ventaja del 1% frente al opositor Henrique Capriles Radonski, el ataque es la mejor defensa. Es la llamada “radicalización” que desde el Gobierno se agita a conveniencia, más como advertencia que como resultado de una doctrina.
El martes en la tarde, por ejemplo, el Presidente electo avisaba que, de continuar la protesta violenta por parte de la oposición, “lo que podemos hacer es radicalizar la revolución”.
La contraparte del conflicto, liderada por Capriles, dio en las últimas horas muestras de un repliegue. Bien porque se haya convencido de decantarse por la resistencia civil, bien porque necesitara asegurarse que las cosas no se le fueran de las manos, el candidato opositor -y oficialmente derrotado- suspendió una gran marcha convocada para el miércoles, que pretendía llegar hasta la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, la capital.
Desde el domingo, la oposición demanda una auditoría “voto a voto” de las papeletas depositadas en las urnas electorales, en vista de algunas irregularidades que denuncia y que, a su juicio, ponen en entredicho el resultado oficial de los comicios que, mientras tanto, se niega a reconocer.El Presidente electo Maduro -que debe jurarse el viernes ante la Asamblea Nacional para asumir el cargo- se ha negado en redondo a permitir el recuento de los votos, a pesar de que el domingo en la noche aceptó la propuesta. Asimismo, dio a entender su decisión de desconocer a Capriles como gobernador del estado de Miranda y a cualquier otro gobernador de provincias “que no me reconozca a mí”.