
Mario Elgueta, abogado de la Cámara Franca, explicó que “(el intendente) está desobedeciendo lo que un tribunal superior de justicia le ha ordenado y, por ello, hemos realizado una presentación a Contraloría, para que determine las responsabilidades administrativas dentro de su competencia”.
Al ser consultado, el jurista explicó que no existe un plazo determinado para que el órgano fiscalizador se pronuncie sobre esta materia. Agregó que la primera autoridad regional se expone a las penas que establece el estatuto administrativo.