
En la instancia, que se extendió por más de seis horas, el abogado del ex subsecretario de Interior, Samuel Donoso, expuso las razones por las cuales su representado -a su juicio- no tiene responsabilidad penal en el delito que le imputó la Fiscalía Occidente por la fallida alerta de maremoto que cobró la vida de 156 personas y dejó 25 desaparecidos la madrugada del 27 de febrero de 2010.
El profesional argumentó que su representado operó en base al principio de la confianza respecto a la información entregada por los organismos especializados, específicamente el SHOA y la Onemi, agregando que esa madrugada se produjo un “colapso de Estado” que hizo imposible reaccionar adecuadamente.
También enfatizó que tampoco se entregó la información suficiente para decretar una alerta de tsunami, detallando que Rosende no es una persona experta en la materia y por lo mismo, recurrió a los organismos especializados para su asesoría.
El Ministerio Público -encabezado por la fiscal Solange Huerta- rechazó dicho requerimiento detallando que el imputado incumplió deberes fundamentales al no transmitir la alarma que se habría recibido por tercera vez a las 05:45 horas y que -de acuerdo a la investigación- habría llegado a manos del ex subsecretario.
Los querellantes de la causa también se adhirieron a los argumentos de la Fiscalía e incluso varios de ellos calificaron de “inmoral” el requerimiento de Rosende, lo que luego fue cuestionado por el magistrado, quien llamó a los intervinientes a no confundir aspectos jurídicos con apreciaciones de carácter personal. Hoy, la audiencia continuará con la exposición del ex jefe de Oceanografía del SHOA, Andrés Enríquez, cuya defensa -representada por la abogada Paula Vial- también intentará quitar todos los cargos que le fueron imputados a su cliente.