Según sus estimaciones, a los 3 mil casos detectados por el ente Contralor, se deberían sumar otros 4.500 identificados por el Gobierno que están dentro del plazo respecto del cual el Instituto de Previsión Social (IPS) tiene competencia para actuar administrativamente, es decir, los últimos dos años. El subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, y la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, anunciaron ayer que el Gobierno pesentará una denuncia ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables de las irregularidades en el caso de los falsos exonerados políticos.
“Acá las responsabilidades son siempre individuales, y el Ministerio Público deberá determinar si son las personas que solicitaron, si es la comisión que calificó, si es la autoridad adminsitrativa que firmó la resolución respectiva, si son los parlamentarios que entregaron certificados. Eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde poner todos los antecedentes al Ministerio Público”, expresó Ubilla, quien pedirá que se amplíe la denuncia presentada hace un año.
Según detalló, las querellas serán por fraude al fisco y se dirigirán contra todo los que resulten responsables, incluyendo altos personeros de los gobiernos anteriores.
Por su parte, Matthei informó que el Instituto de Previsión Social (IPS) iniciará un proceso de revisión de aquellos casos en los que tiene competencia para actuar administrativamente, es decir los últimos dos años. Estos casos llegarían a 700 y se buscará suspender el pago del beneficio.
El Gobierno además pedirá que la Contraloría se pronuncie respecto de los pasos a seguir para que “apegados a la norma, podamos hacer justicia con aquellos verdaderos exonerados”.
Según sus estimaciones, a los 3 mil casos detectados por el ente fiscalizador, se deberían sumar otros 4.500 identificados por el Gobierno.
“Le vamos a enviar a la Contraloría toda la información detallada caso por caso, nombre, rut, carpteta (...) Para que los 3.000 que Contraloría identificó más los 4.500 que sabemos que son falsos exonerados, constituyan el primer grupo de 7.500 que una vez que nos definan el proceso a seguir vayamos detrás de la revocación de esas falsas exoneraciones”, dijo Ubilla.