Ayer diario El Mercurio por segundo día consecutivo publicó una crónica en la que se refiere a la inédita investigación a un parlamentario magallánico acusado de fraude fisco. En pleno desarrollo se encuentra la investigación de la fiscalía local en contra del senador Carlos Bianchi Chelech, a quien se le imputa el delito de negociación incompatible por arriendo de una oficina parlamentaria en Punta Arenas.
La querella presentada en el Juzgado de Garantía fue declarada admisible y ahora será el Ministerio Público el que determine responsabilidades y la existencia de un presunto fraude al fisco.
Ayer al mediodía el parlamentario ofreció una conferencia de prensa en su sede que lo cobija desde marzo de 2011 y allí no reconoció ilícito alguno. Antes de empezar a hablar pidió fuertemente a viva voz que todos guardaran silencio y que los celulares no lo interrumpieran.
“Yo vengo aquí a trasparentar. A mí me están investigando desde el 2005, antes de que fuera parlamentario, y hace un año yo lo advertí a la comunidad magallánica, que se venían estos ataques”, dijo Bianchi. Agregó, además que ha debido contratar cinco abogados para su defensa, pero en los restantes 21 minutos de su monólogo no volvió a hablar de la querella que lo afecta y no reconoció fraude al fisco. Finalizó el contacto con los medios sin aceptar preguntas y sin hacer una defensa suya por las irregularidades de las que se le acusa.
Investigación
Por su parte, el abogado de la causa, Nicolás Sánchez López, del estudio jurídico “Bosselin, Briones, Irureta y Sánchez”, expresó a Diario El Pingüino que “la investigación de la Fiscalía y de la Unidad Anticorrupción ha avanzado bastante”, luego que el Tribunal de Garantía de Punta Arenas, acogió a trámite la querella presentada por el diputado independiente Miodrag Marinovic, en el rol de su cargo de fiscalizador y luego de tomar conocimiento de los hechos denunciados.
En opinión del abogado Sánchez, la denuncia por el ilícito es “una investigación bastante acotada en el tiempo, sin perjuicio de lo que pueda pensar el Ministerio Público”.
En el evento que la fiscalía decida formalizar al senador Bianchi “existen dos alternativas”, manifestó el jurista. Una de ellas es que “el senador concurra voluntariamente o que no lo haga. Si no lo hace debe procederse, desde luego, al trámite de desafuero, ante la Corte de Apelaciones, que en este caso es la de Punta Arenas”, agregó.
Los hechos dan cuenta que Marinovic puso a disposición del Ministerio Público toda la información de la posible ocurrencia de un delito de negociación incompatible, previsto en el Artículo 240 del Código Penal, por el arriendo de una oficina parlamentaria de Bianchi Chelech en calle Ignacio Carrera Pinto 824-A en Punta Arenas, entre marzo de 2006 y noviembre de 2010 con un canon de arriendo mensual de un millón 298 pesos.
El escrito solicita al tribunal que se tome declaración al querellado además su cuñada Victoria del Carmen Retamales Espinoza y su esposa Blanca Retamales Espinoza, co propietarias de la ex sede parlamentaria.
Sánchez dijo que ya se inició la etapa de investigación que no debe ser muy prolongada ya que “se trata de un ilícito penal bastante objetivo. A mi juicio el fiscal está haciendo una investigación muy profunda y acuciosa la que debiese ser acotada en el tiempo”.
El abogado agregó que “el dolo de éste ilícito queda de manifiesto cuando el precio pagado por la sede del senador Bianchi es abultadísimo, de manera que él no puede desconocer que se encontraba frente a una negociación de carácter incompatible. No es accidental, el hecho que haya contratado la sede a un pariente”, dijo.
Se expresa en la querella que Bianchi supo y tenía plena conciencia de que el contrato celebrado se enmarca dentro de una operación confiada a su cargo, que el inmueble sería y fue ocupado como oficina parlamentaria, que su arriendo sería financiado con fondos públicos y que el pago lo efectuaría el Congreso de la República.
En conocimiento de la justicia está también el hecho que Bianchi suscribió el contrato de arriendo de su sede parlamentaria en marzo de 2006 con Fresia Espinoza Alonso, madre de su cónyuge. Posteriormente en octubre de 2009 se produjo una modificación de ese contrato debido al fallecimiento de Espinoza Alonso, pasando a ser la arrendataria hasta noviembre de 2010, Victoria Retamales Espinoza, cuñada del senador.
Se debe consignar que producto de los hechos denunciados el Ministerio Público inició una investigación, se expresa en la querella. De esta manera, dentro de las diligencias realizadas se encuentra la solicitud de una serie de oficios al Congreso solicitando la documentación respectiva, que permitiera evaluar la efectividad de los acontecimientos.
El contrato original y el anexo del mismo ya están en poder de la fiscalía, dando cuenta efectiva de la existencia del mismo, de las partes y de la renta de arrendamiento que de manera constante y permanente pagó el Congreso a parientes del senador Bianchi.
El escrito hace saber también que parte de los cheques con los cuales se pagaba la renta pactada salían emitidos a favor del mismo senador Carlos Bianchi Chelech.
El abogado Nicolás Sánchez expresó que negar el hecho que Bianchi arrendaba la sede parlamentaria a un pariente, “resulta bastante inverosímil”
Para Sánchez, el contrato de arrendamiento de Bianchi es de aquellos que se denominan de tratos sucesivos, es decir que tienen vencimientos mensuales, de forma tal “que éste ilícito penal, atendida la naturaleza del contrato que efectuó el senador, es permanente desde que existieron pagos percibidos por él todos los meses y no solamente en una sola ocasión”, manifestó.
El jurista agregó que la conducta desplegada por el querellado es, al menos, una conducta típica antijurídica y dolosa, que se encuadra en la figura penal contemplada en el artículo 240 el Código Penal.
En dicho artículo se expresa la prohibición que tienen los funcionarios públicos de establecer negocios u operaciones a su cargo, con parientes como cónyuges, hijos, padres, suegros, cuñados concuñados, y otros, estando dicha norma por sobre el reglamentos corporativos que puedan tener el Senado o la Cámara de Diputados.