
El año 2009 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra la diputada Claudia Nogueira Fernández (UDI) por fraude al fisco por asesorías profesionales que nunca se realizaron y por arriendo de una oficina parlamentaria por un monto superior a los 47 millones de pesos.
La fiscalía decidió formalizar a la diputada, quien logró evitar el juicio restituyendo al Estado lo defraudado, siendo condenada a firma mensual por año y medio ante el Ministerio Público.
El ex diputado Julio Dittborn (UDI) fue denunciado en 2009 por pagar arriendo de oficinas distritales que en verdad eran viviendas para adherentes. La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, le reprochó el actuar. Luego el caso fue investigado por el Ministerio Público, pero los antecedentes fueron archivados.
En junio de 2011, la fiscalía de Concepción formalizó al diputado Jorge Sabag Villalobos (DC) por fraude al fisco reiterado en un proceso por el arriendo de sedes distritales. En agosto del mismo año, la Corte de Apelaciones de Concepción, rechazó el desafuero. Posteriormente, un tribunal de Cabrero, ordenó la prohibición de informar sobre el caso del diputado Sabag.
El caso más bullado de malas prácticas, es el del ex diputado de Renovación Nacional (RN), Maximiano Errázuriz, quien por un delito similar al que se acusa a Bianchi, fue desaforado y condenado a cuatro años de libertad vigilada, pagar multas y la imposibilidad de por vida de ejercer un cargo público, al establecerse fraude al fisco por pago de sedes parlamentarias a través de asignaciones parlamentarias. El fallo se concretó en diciembre de 2011.