Entre estos antecedentes está el contrato de arriendo que originó las indagaciones y que podría llevar a la formalización de cargos en contra del parlamentario. Un dossier con una serie de documentos y oficios reservados del Senado de la República, recibió el fiscal jefe de la Región de Magallanes, Juan Agustín Meléndez, quien investiga una acusación de eventual negociación incompatible en contra del senador Carlos Bianchi Chelech.
La información de los hechos fue publicada por el diario El Mercurio de Santiago en su edición de ayer lunes, señalando que “la investigación surge a partir del arriendo de una sede parlamentaria por parte de Bianchi a su suegra, Fresia Espinoza, el que fue pagado con fondos públicos con cargo al ítem “gastos de oficina”. Así, al menos, consta en la querella que, por este hecho, presentó el diputado por Punta Arenas Miodrag Marinovic contra Bianchi”.
A propósito de esta acción legal, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, remitió los antecedentes a la justicia (6 de mayo pasado), a petición de la fiscalía de Punta Arenas, la que hoy sustancia la indagación. Es así que el oficio de la Cámara Alta es parte de los documentos que conforman la carpeta investigativa y secreta del Ministerio Público. Entre estos antecedentes está el contrato de arriendo firmado entre Bianchi y su suegra (quien falleció el 2009) a contar de abril de 2006.
El matutino capitalino consigna que en el inicio del contrato de arriendo del inmueble ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto 824- A de Punta Arenas, Bianchi comenzó pagando 850 mil pesos; sin embargo, luego de varios reajustes terminó cancelando sobre un millón de pesos al año 2010, según se aprecia en los cheques que fueron girados por el Congreso.
El Mercurio dice que esta cifra contrasta con los 312 mil pesos que pagó después, al cambiar de sede parlamentaria en 2011. Ese mismo año, el Senado creó el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias con el fin de introducir mayor transparencia en las normas internas del Congreso y en la rendición de gastos parlamentarios.
Historia de
irregularidad
La querella presentada contra el senador Carlos Bianchi Chelech y contra quienes resulten responsables por el delito de negociación incompatible, ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, confirmaría la figura delictual de fraude al fisco.
El abogado de la causa, Nicolás Sánchez López, ha expresado que “la investigación de la Fiscalía y de la Unidad Anticorrupción ha avanzado bastante”.
En opinión del profesional, la denuncia por el ilícito denunciado es “una investigación bastante acotada en el tiempo, sin perjuicio de lo que pueda pensar el Ministerio Público”.
En el evento que se decida formalizar al senador Bianchi “existen dos alternativas”, manifestó el jurista. Una de ellas es que “el senador concurra voluntariamente o que no lo haga. Si no lo hace debe procederse, desde luego, al trámite de desafuero ante la Corte de Apelaciones, que en este caso es la de Punta Arenas”, agregó.
El escrito solicita al tribunal que se tome declaración al querellado, además a su cuñada Victoria Retamales Espinoza y a su esposa Blanca Retamales Espinoza, co propietarias de la ex sede parlamentaria.
Sánchez, agregó que “el dolo de este ilícito queda de manifiesto cuando el precio pagado por la sede del senador Bianchi es abultadísimo, de manera que él no puede desconocer que se encontraba frente a una negociación de carácter incompatible. No es accidental el hecho que haya contratado la sede a un pariente”, aseguró.
Se expresa en la querella que Bianchi supo y tenía plena conciencia de que el contrato celebrado se enmarca dentro de una operación confiada a su cargo, que el inmueble sería y fue ocupado como oficina parlamentaria, que su arriendo sería financiado con fondos públicos y que el pago lo efectuaría el Congreso de la República.
El escrito hace saber también que parte de los cheques con los cuales se pagaba la renta pactada salían emitidos a favor del mismo senador Carlos Bianchi Chelech.
El abogado expresó que negar el hecho que Bianchi arrendaba la sede parlamentaria a un pariente, “resulta bastante inverosímil”
Agregó que la conducta desplegada por el querellado es, al menos, una conducta típica antijurídica y dolosa, que se encuadra en la figura penal contemplada en el artículo 240 del Código Penal.
En dicho artículo se expresa la prohibición que tienen los funcionarios públicos de establecer negocios u operaciones a su cargo, con parientes como cónyuges, hijos, padres, suegros, cuñados, concuñados y otros, estando dicha norma por sobre los reglamentos corporativos que puedan tener el Senado o la Cámara de Diputados.