Diario capitalino sostuvo que “en el dossier que remitió el Senado al Ministerio Público no están contenidos los recibos que den cuenta del traspaso de los dineros fiscales, desde Bianchi a su suegra, quien falleció en 2009”. Por 20 días no se podrá informar sobre los acontecimientos judiciales y de investigación que realiza la Fiscalía de Punta Arenas, contra el honorable senador Carlos Bianchi Chelech por una querella por “negociación incompatible”, por haber arrendado una oficina parlamentaria de un familiar y haber recibido los pagos mensuales a su nombre de dineros del Estado, girados por el Senado de la República.
De acuerdo a lo informado por el diario El Mercurio de Santiago, el sábado 20 de junio pasado, el “secreto de la investigación” la decretó el fiscal jefe de Punta Arenas, Juan Agustín Meléndez.
El diario informa que el senador Bianchi, “remitió el 12 de abril de 2006 un documento a la jefa de Tesorería del Senado, Blanca Urbina, en la que solicitó: “Ruego a usted, extender pago mensual a nombre del suscrito y con cargo al ítem Gastos de Oficina”.
El diario capitalino informa además, que “con lenguaje cercano, en el encabezado de esta comunicación se lee ‘estimada señora Blanquita’”. Esto, antes de referirse a la petición para que la cancelación por el arriendo de la sede parlamentaria que Bianchi contrató a su suegra, Fresia Espinoza, se le efectuara directamente.
Cheques
De acuerdo al requerimiento del parlamentario, el Senado, comenzó a emitir los cheques a nombre de Carlos Bianchi Chelech.
Los antecedentes ahora forman parte del oficio reservado que el Senado envío al fiscal jefe de Punta Arenas, Juan Agustín Meléndez, por la investigación desformalizada que la entidad sustancia a raíz de la querella que interpuso el diputado Miodrag Marinovic.
Entre otros aspectos, esta investigación legal apunta a establecer si existió o no negociación incompatible por el contrato de arriendo entre Bianchi y su suegra, consigna el diario El Mercurio.
A esto se suman los nuevos datos que dan cuenta de que “el Senado canceló directo al parlamentario el monto inicial de 850 mil pesos por la renta del inmueble que está ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto 854, en pleno centro de Punta Arenas”, dice el matutino.
Después se lee que “fue entre los años 2006 y 2009 que ha pedido de Bianchi, la tesorería de la Cámara Alta emitió los cheques a su hombre para que éste los cobrara por concepto de oficina”.
“Sin embargo, en el dossier que remitió el Senado al Ministerio Público no están contenidos los recibos que den cuenta del traspaso de los dineros fiscales, desde Bianchi a su suegra, quien falleció en 2009”.
Planimetría
El Mercurio informa también que la Fiscalía de Punta Arenas decretó el secreto de la investigación en contra de Bianchi por 20 días. También se añade que “por el momento, se elaboró una planimetría de la sede parlamentaria que Bianchi arrendó hasta el año 2009 a su suegra para corroborar si el costo del arriendo se ajusta a los precios de mercado o si existiría un sobreprecio”.
La Policía de PDI fue la encargada de realizar esta diligencia en el lugar.
De acuerdo a lo manifestado por el abogado de la causa, Nicolás Sánchez López, la investigación de la Fiscalía y de la Unidad Anticorrupción “ha avanzado bastante”.
Sánchez, agregó que “el dolo de este ilícito queda de manifiesto cuando el precio pagado por la sede del senador Bianchi es abultadísimo, de manera que él no puede desconocer que se encontraba frente a una negociación de carácter incompatible. No es accidental, el hecho que haya contratado la sede a un pariente”, dijo.
Se expresa en la querella que Bianchi supo y tenía plena conciencia de que el contrato celebrado se enmarca dentro de una operación confiada a su cargo, que el inmueble sería y fue ocupado como oficina parlamentaria, que su arriendo sería financiado con fondos públicos y que el pago lo efectuaría el Congreso de la República.
El jurista agregó que la conducta desplegada por el querellado es, al menos, una conducta típica antijurídica y dolosa, que se encuadra en la figura penal contemplada en el artículo 240 del Código Penal.