El presidente de la agrupación, Stefan Larenas, explicó que la iniciativa judicial apunta a que “todos los consumidores afectados por los sobreprecios sean resarcidos como corresponde, por el total del monto pagado de más, reajustado y con intereses”. La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) interpuso ayer en los tribunales una demanda colectiva contra las cadenas de farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand, con el fin de que éstas reparen a los consumidores que se vieron afectados por la colusión de precios de 206 medicamentos, entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
El presidente de la agrupación, Stefan Larenas, explicó que la iniciativa judicial apunta a que “todos los consumidores afectados por los sobreprecios sean resarcidos como corresponde, por el total del monto pagado de más, reajustado y con intereses”.
De esta forma, la devolución exigida por Odecu no baja del piso de los 27 mil millones de pesos, monto correspondiente “a las rentas ilegítimas obtenidas por las tres cadenas de farmacias, según logró establecer el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”.
“Hasta ahora, este atentado a la libertad económica ha quedado impune en desmedro de los consumidores”, dijo Larenas, agregando que “los 19 millones de dólares de multa establecidos en la sentencia del TDLC son de beneficio fiscal”.
“Pero tal como dijimos en su oportunidad, gracias a este primer paso dado por el Tribunal, se sentaron las bases para que, a partir de ellas, se pueda deducir una demanda colectiva reparatoria”, explicó.
Odecu, en un comunicado, dijo que las exigencias de la organización de los consumidores, “beneficiarían tanto a los consumidores identificables en el universo de afectados, como aquellos a los que la ley define como ‘difusos’, pues no se pueden identificar. En el caso de estos últimos, la agrupación requiere una reparación social de parte de las cadenas de farmacias”.
Para Larenas se trata de un caso clave que puede marcar un precedente judicial, por lo mismo, afirma que es “fundamental que a la sentencia dictada por el TDLC se sume una condena que beneficie a todos esos consumidores de todo el país que fueron dañados de forma tan grave por parte de las farmacias. Primero a aquellos que debieron pagar sobreprecio por los medicamentos y, segundo, a aquellos que al no poder pagar estos precios artificialmente aumentados, se vieron impedidos de continuar con sus tratamientos”.