Para el abogado del joven condenado a ocho años de cárcel, “hubo un exceso abusivo no respetando normas del debido proceso y normas constitucionales”. A más de cinco años del bullado caso de drogas que, terminó con un grupo de jóvenes argentinos condenados en Punta Arenas tras haber sido detenidos en la frontera con más de un kilo de marihuana, el caso se encuentra instalado hoy en Río Grande.
Es en la capital transandina de la Provincia de Tierra del Fuego donde el doctor (abogado) Pedro Fernández se encuentra trabajando junto a su cliente, Sebastián Pablo Soplán, el mismo que fue imputado como líder de la operación ilícita y que, por tal razón, permaneció más de cuatro años privado de libertad en la cárcel de Punta Arenas (fue condenado a ocho y beneficiado con un indulto).
Hoy, de acuerdo a las aseveraciones de Soplán y de su propio abogado, el proceso a todas luces no se ajustó a derecho, razón por la cual intentarán llegar hasta las últimas instancias que la ley y cuanto tratado haya lo permitan.
El Diario Provincia 23 de Tierra del Fuego conversó con el abogado Fernández acerca del trabajo que viene desarrollando en torno a este caso. El doctor es enfático en señalar que se está ante “un caso de relevancia internacional. Estuvimos examinando la prueba de la que él -por Soplán- dispone, y voy a ser representante legal tanto de Sebastián Soplán como así también de las otras dos personas que fueron detenidas de manera ilegal en Chile”.
En su opinión “(Soplán) fue sistemáticamente llevado a juicio a través de medios de prueba obtenidos de manera ilegítima, con testigos encubiertos, con gente que faltó a la verdad, muchos de ellos profesionales”.
Se trata de “un muchacho condenado a 8 años, indultado a los 5 años, pero este indulto no tapa el daño que se le hizo al estar privado de la libertad en otro país”.
El abogado agregó también que “es un caso bastante complicado de llevar, pero vamos a presentar el recurso ante la Corte Suprema de Chile. Estamos en contacto con abogados penalistas de la ciudad de Santiago de Chile, que quieren colaborar con nosotros, ya que por una cuestión de matrícula, y de profesionalismo se nos impide a nosotros representar a Soplán pero este caso tiene que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
En el mismo sentido, Fernández dijo que “hubo un exceso abusivo no respetando normas del debido proceso y normas constitucionales. Es un absurdo e ilógico, teniendo en cuenta con todo lo que ha avanzado la Justicia Internacional, todo lo que se hizo pasar a este muchacho durante su detención”.
Fustigan a diplomáticos
La nota de Provincia 23 señala que el caso posee diferentes aristas, entre ellas, la actuación de los diplomáticos argentinos que estaban en Punta Arenas al momento de los hechos. “Examinamos las responsabilidades de nuestros diplomáticos argentinos, pero también sostenemos que no se le dio la representación que merecía un argentino detenido en otro país, siendo condenado de manera ilegítima, y esto también es responsabilidad del Estado argentino”.
El abogado explicó los pasos a efectuar, indicando “formalmente y de manera procesal, los pasos son agotar todos los recursos de revisión ante la Corte Suprema y este recurso afortunadamente pueden presentarse porque han surgido pruebas posteriores que indican lo ilógico del caso, justamente debido a la manera en que Soplán lo ha manejado”.
El letrado agregó en este sentido: “existió un colaborador de la justicia chilena, esa persona también faltó a la verdad, también fue condenado y hoy está en condiciones de declarar todo lo que sucedió”.
Añadió que “para llegar a la comisión Interamericana de Derechos Humanos, primero tenemos que agotar las vías legales en la justicia chilena y de no prosperar iríamos igualmente a la Corte Interamericana, pero a mi modo de ver, no creo que la justicia chilena no hace prosperar estos recursos porque estaría consintiendo actos ilegítimos que se realizaron”.
“Ellos mismos -por las autoridades chilenas- quisieron condenar con una prueba que estaba totalmente viciada en el proceso, quedó absolutamente demostrado que ellos mismos cruzaron el auto que manejaba Soplán y lo cruzaron al territorio chileno. No había una ganzuá, no había elementos cortantes o pinzas para que él pudiera haber cortado el alambre. Además en el paso Las Bandurrias había una escalera, y luego dijeron que no existía”, detalló el abogado.
Por último, Fernández sentenció que “Chile intenta justificar su actitud a través de considerar que estamos hablando de una banda de narcotraficantes, pero si así fuere, ellos no pueden realizar una investigación a través de medios ilegítimos”.