El abogado querellante, Francisco Cárdenas, acreditó que sus clientes le compraron la casa al padre de los acusados hace 15 años. Al máximo que permite la ley, 10 UTM ($ 403.260), la justicia condenó a los hermanos Carlos y Alexandra Vicencio González, como autores de un delito de usurpación, cometido el 2 de agosto de 2012, en perjuicio de Oritia Levín Godoy. Cada uno de los acusados deberá pagar la cifra indicada, más las costas de la causa.
La fiscal Wendoline Acuña defendió la acusación; y lo propio hizo el abogado querellante, Francisco Cárdenas Mansilla.
Hace justamente un año la víctima y su marido fueron entrevistados por Diario El Pingüino, ocasión en que dieron a conocer públicamente el drama que tenían para recuperar una vivienda de su propiedad.
De acuerdo a la acusación, el 2 de agosto de 2012, alrededor de las 11.00 horas, los imputados llegaron al inmueble ubicado en calle Bernardo O”Higgins Nº 226, en Villa Punta Delgada, Comuna de San Gregorio, y aprovechando que estaba sin moradores procedieron a ocuparlo.
El marido de la señora Oritia, Eduvino Torres, se enteró de esto y concurrió al lugar y los conminó a hacer abandono del mismo, “siendo repelido por los mismos”.
El abogado querellante acreditó con contrato de compraventa que la casa es de propiedad de sus clientes. Se la compraron al padre de los imputados, Carlos Vicencio Moncada, el año 1997.
Cárdenas explicó que estas son viviendas que datan del año 1982, cuando el Serviu de Magallanes, construyó 16 casas en terrenos de la Cooperativa Bernardo O´Higgins, Comuna de San Gregorio, en el llamado Plan Austral, asignándole la casa N°14 a Carlos Vicencio, “vivienda que se encontraba totalmente cancelada y, en consecuencia, tenía la plena disposición de la misma para venderla”. Esto aconteció hace más de 15 años “y mi representada es su propietaria”. Ellos la arrendaron pero el ocupante falleció el año 2007 así que después decidieron ampliarla. “Aprovechando esta circunstancia, y a pesar de encontrarse cerrada, el 2 de agosto pasado aparecieron dos personas que se introdujeron a la fuerza en la vivienda, hijos del anterior propietario, los querellados, quienes descerrajando la chapa de la puerta de calle, para tomar posesión de ella, causando un perjuicio grave y permanente”, expuso en el juicio el querellante, lo que calificó como “una posesión viciosa y delictual”.
Fue así que el hecho se denunció a Carabineros y la fiscalía de Punta Arenas abrió una investigación, que terminó en juicio simplificado, donde los acusados fueron representados por el abogado Javier Lagos, y condenados por el juez Andrés Provoste, que dio por acreditado el delito expuesto por la fiscal Acuña, y respaldado por el querellante.