
Las aprensiones del Gobierno estaban puestas en que la entrega de compensaciones podía generar sólo un piso de negociación entre privados y comunidades locales, y no necesariamente evitar la oposición a los proyectos de generación eléctrica.
Según fuentes conocedoras de las tratativas, ahora la autoridad estaría más abierta a evaluar la opción. Esto considerando que sigue la judicialización de proyectos termoeléctricos.
El último caso fue la central a carbón Punta Alcalde de Endesa, que fue resistida por las comunidades del Huasco y que tras recurrir a la justicia lograron que la Corte de Apelaciones anulará la aprobación que dio el Comité de Ministros.
Tras ese fallo, la ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, Vivianne Blanlot, aseguró que era necesario mejorar los instrumentos para que las comunidades locales sintieran los beneficios del desarrollo de las centrales.
Una visión similar presentó Endesa Chile la semana pasada, generadora que junto con admitir que pudo haber comunicado mejor los beneficios del proyecto durante la tramitación ambiental, indicó que tenían recursos para mitigar los impactos sociales del proyecto por unos US$ 20 millones.