La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en el pago de la pensión básica solidaria. El informe revelado este martes por el órgano fiscalizador indicó que a 960 personas fallecidas se les siguió pagando el beneficio.

El monto determinado por el propio Instituto de Previsión Social (IPS) alcanzó los $114 millones 110 mil, cuyo destino hasta ahora es desconocido.

Se comprobó la existencia de 2 beneficiarios, que se encontraban fallecidos al momento de solicitar la PBSV, conforme la información proporcionada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, sin embargo, al mes de octubre de 2012, continuaban registrando pagos de Ia pensión examinada.