“Podemos avanzar en justicia, verdad, reparación y reconciliación”, afirmó el Presidente. Afirmó que en éste también hubo responsabilidad de la izquierda, que “no respetó el Estado de Derecho y promovió el odio y la violencia”. El Presidente Sebastián Piñera declaró ayer como una “obligación moral” la entrega de información a la Justicia sobre los casos de violaciones a los derechos humanos registrados durante la dictadura.
El Mandatario fue el único orador durante el acto oficial con el que el Gobierno conmemoró hoy los 40 años del derrocamiento de Salvador Allende, y que se desarrolló sin presencia de actores de la Nueva Mayoría, que hizo su propio acto más temprano en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, liderado por Michelle Bachelet.
En su alocución el Jefe de Estado hizo una analogía entre “los momentos traumáticos” y “las heridas”, señalando que “no es bueno taparlas”, pero tampoco “hurgar permanentemente en ellas”.
“Desgraciadamente no podemos resucitar a los muertos ni recuperar a los desaparecidos para devolverlos a sus familiares. Sin embargo, podemos avanzar en justicia, verdad, reparación y reconciliación”, dijo Piñera, explicitando que esa “verdad y la justicia son necesarias para la paz y la reconciliación”.
En esa línea, “quienes tengan información relevante tienen la obligación moral de revelarla, y es labor de nuestros Tribunales seguir investigando la verdad e impartiendo la justicia”, expresó.
El Presidente insistió además en su intervención en las críticas que ya había planteado al Poder Judicial y los medios de comunicación, aunque distinguió y reconoció la labor de los abogados, jueces y periodistas que sí trabajaron por la defensa de los derechos humanos entre el 73 y el 90.
El gobernante estimó que “el golpe de Estado no fue algo súbito, sorpresivo ni intempestivo”, sino que fue “ el desenlace previsible -aunque no por ello inevitable- de una larga y penosa agonía de los valores republicanos, de un deterioro creciente de la amistad cívica entre los chilenos”, donde a partir de la década de 1960 se fue resquebrajando la convivencia democrática y “sectores de la izquierda proclamaban públicamente su desprecio por la democracia”.
“El Gobierno de la Unidad Popular reiteradamente quebrantó la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país”, agregó el Mandatario, que distinguió los distintos tipos de responsabilidades, penales y políticas.
Tras el golpe la responsabilidad política “también alcanza a quienes ejercieron altos cargos en el gobierno militar o a quienes, por su investidura o influencia en la época, y conociendo de estos hechos, pudieron alzar su voz para evitar estos abusos y muchas veces no lo hicieron”, afirmó Sebastián Piñera.
“Algunos quieren pensar que toda la responsabilidad recae en quienes cometieron los crímenes o dieron las órdenes para que se cometieran. En mi humilde opinión, también tienen responsabilidad aquellos que no respetaron el Estado de Derecho y promovieron la intolerancia el odio y la violencia”, acotó.
Más allá de estas consideraciones, Piñera resaltó que “el fin jamás justifica los medios” y “los derechos humanos deben ser respetados en todo tiempo o circunstancia”.
“Hay que ser categóricos: ninguno de los hechos, causas, errores o responsabilidades que condujeron al quiebre de nuestra democracia justifica los inaceptables atropellos a la vida, la integridad y la dignidad de las personas que ocurrieron con posterioridad”, señaló.
“Aún en situaciones extremas de quiebre institucional y hasta guerra interna existen normas morales y jurídicas que deben ser siempre respetadas por todos”, fue otra de sus afirmaciones.