La defensora regional, Gustava Aguilar, explicó que el proyecto en sí “no es un ataque a otras instituciones, sino que lo que busca es generar un debate para mejorar el sistema de justicia”.
Por eso, los objetivos principales son transformar esta instancia en un espacio para que las personas que fueron injustamente imputadas de un delito y privadas de su libertad, puedan recuperar en parte su dignidad en forma pública. Además de generar propuestas para un debate en torno a mejorar el sistema a partir de detectar los errores.
Aguilar recordó que “cuando se produce un error del sistema, todos fallamos, incluso una de las causales de error es una mala defensa”. Por eso valoró que se avanzara en el tema de reconocimiento de los imputados, a partir del protocolo impulsado por el Ministerio Público y las policías, pero se debe velar porque ese protocolo baje y se aplique en cada una de las regiones”.