
En uno de sus últimos informes, el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos en Irán, Ahmed Shahid, se mostró preocupado porque la República Islámica haya multiplicado casi por siete las ejecuciones desde 2003, cuando se contabilizaron cien.
Shahid indicó que el 81 por ciento de las penas de muerte en Irán en 2011 estuvo relacionado con el tráfico de drogas y reclamó al Gobierno de Teherán una moratoria de las ejecuciones para todos los delitos.