La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, fue una de las primeras en reaccionar al informe. “Felizmente, hoy se evidencia una de las grandes injusticias de la transición a la democracia. Ahora será creíble lo que denunciamos por años”, dijo. “Cordillera y Punta Peuco constan de condiciones que no tienen absolutamente nada que ver con el resto de los recintos penales del país. La diferencia es tan brutal, que nos lleva al tema de fondo: no todos somos iguales ante la ley, incluso en condiciones carcelarias”.
Por ello, advirtió que “si están pensando en concentrarlos en Punta Peuco, es una solución a medias, es tratar de buscar un equilibrio que no corresponde”.
El senador DC y presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta, Patricio Walker, coincide en que trasladarlos a Punta Peuco no es una solución definitiva. “Lo ideal sería probablemente que todos estuvieran en la Cárcel de Alta Seguridad”, afirmó.
Sobre las condiciones que revela el informe, Walker señaló que “no hay ninguna justificación, ni política ni jurídica, que amerite ese tipo de privilegios”. Respecto de la edad de los condenados, recalcó que hoy “tenemos a muchas personas que están en las cárceles enfermos o de edad avanzada”, sentenció.