Los reos en el penal están presos por cometer “gravísimos delitos” de derechos humanos, dijo el Presidente. Pidió no confundir a las FF.AA. con los “criminales”. El Presidente Sebastián Piñera defendió el cierre del penal Cordillera, recinto en donde residen una serie de ex uniformados condenados por delitos de DD.HH en cómodas condiciones, y aseguró que la medida no es contra las Fuerzas Armadas.
“Esto no es contra las Fuerzas Armadas. Las personas que están presas en el penal Cordillera no están presos por ser miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Están presos por haber cometido gravísimos delitos contra los derechos humanos de otros chilenos”, afirmó Piñera.
“Por lo tanto, no confundamos las Fuerzas Armadas -que merecen todo mi respeto- con criminales que atentaron contra los derechos humanos, que tienen que cumplir las penas que el Poder Judicial y la justicia chilena han determinado”, agregó el Mandatario.
La medida adoptada por Piñera ha causado la molestia de algunos miembros de la Alianza, como el timonel de RN, Carlos Larraín, y el apoyo de organismos de DD.HH., como la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien dijo valorar esta “sorpresiva” decisión del Mandatario.
Por su parte, la Corporación 11 de Septiembre interpuso este viernes un recurso de protección ante Tribunales con el objetivo de paralizar el cierre del Penal Cordillera, ordenado por el Presidente Piñera.
La acción judicial fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado René López Farías en representación de Manuel Contreras, ex jefe de la DINA; el ex director de la CNI Odlanier Mena, el ex brigadier del Ejército Pedro Espinoza (subjefe de la DINA) y los ex agentes Marcelo Moren Brito y David Miranda.
López Farías llegó desafiante a Cordillera para reunirse con Manuel Contreras: “Mis empleadores estén muy bien, con el ánimo muy en alto, como buenos soldados chilenos”; “vengo a pagar el arriendo para que no los echen”, fueron algunas de sus frases.
A la salida manifestó su rechazo a la decisión de Piñera, quien ordenó el traslado de los 10 internos que hoy están en Peñalolén hacia Punta Peuco.
“El Presidente ha estado jugando con la gente que está cumpliendo sus condenas aquí en este penal, como dice la ley”, dijo el abogado, que afirmó haber incluido “dentro del mismo recurso” una “denuncia que nadie se esperaba”, pero que él consideró “pertinente”.
“El Presidente Sebastián Piñera ha torturado sicológicamente a los presos que están en estos momentos cumpliendo su condena tranquilamente aquí en Cordillera”, sostuvo López.
La Sala de Cuentas de la Corte de Apelaciones debe estudiar la admisibilidad de la acción cautelar y, de acogerla, pedirá a La Moneda que en un plazo de cinco días entregue los argumentos que consideró Sebastián Piñera para ordenar el cierre.
El tribunal también deberá discutir una orden de no innovar; es decir, una petición de que se paralice esa misma decisión hasta que se revise el recurso.
En paralelo a esto, el abogado Jorge Balmaceda anunció que interpondrá otro recurso en representación de los otros cinco internos de Cordillera, que busca también paralizar su traslado hacia el recinto penitenciario de Punta Peuco, en Tiltil.
El recurso presentado por el abogado López Farías contiene una declaración de los presos Contreras, Mena, Espinoza, Moren y Miranda, en la que estos se consideran a sí mismos mártires.