
Lo ocurrido en Los Andes, que según los peritajes preliminares se debió a un cortocircuito, forma parte de uno de los cuatro sumarios instruidos este año por Gendarmería, relativos a siniestros o desórdenes en los cuales se generó un foco de fuego. A través de una solicitud de Transparencia, esta institución informó que, después del incidente de San Miguel, se han efectuado 175 sumarios internos “producto de desmanes, motines, incendios y otros eventos irregulares ocurridos en los penales de todo Chile”. De estas investigaciones, de las cuales 101 siguen en curso, 39 correspondieron a incendios, 105 a fugas e intentos de fuga y 20 a evasiones de internos en recintos médicos. Las otras 11 son por diferentes motivos.
Los siniestros son de magnitud diversa. Algunos han causado conmoción, como el ocurrido el 13 de agosto en el penal de Quillota, Quinta Región, donde 11 reos terminaron heridos tras una riña que acabó en incendio. Otros, en cambio, sólo han implicado la quema de elementos menores, por ejemplo, un par de colchones, como sucedió el 1 de febrero de 2012 en el penal de mujeres de San Joaquín, aparentemente producto de una falla eléctrica. Frente a estos eventos, Gendarmería informó que, en 2011, como respuesta inmediata a lo ocurrido en San Miguel, “se invirtieron $ 3.028 millones asociados a equipos contra incendio”. En 2012 y 2013, respectivamente, se añadieron $ 97 millones y $ 126 millones al mismo ítem. La institución subraya que una de las principales medidas fue el retiro de los cilindros de gas de casi la totalidad de los 88 recintos penitenciarios de Chile, combustible que antes era de uso libre por parte de los internos.